El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), confirmó hoy que el Tribunal Supremo acogió una petición presentada por esa agencia para atender un caso presentado contra LUMA Energy y el Negociado de Energía, respecto a una cláusula contractual que le concede un relevo de responsabilidad al consorcio energético ante reclamaciones de ciudadanos por enseres dañados.

“El Tribunal Supremo ha acogido nuestro recurso, y eso significa que este caso de alto interés público será atendido en sus méritos. Desde el DACO hemos sido claros: siempre vamos a luchar y a velar por los derechos de los consumidores. Esta administración está comprometida en defender lo que por décadas ha sido un derecho fundamental: el de poder reclamar cuando se sufre un daño. No vamos a permitir que se normalice la idea de que los puertorriqueños tengan que cargar con pérdidas y sufrimientos sin remedio alguno. Seguiremos dando la batalla porque cada familia merece justicia y protección frente a prácticas abusivas”, manifestó la secretaria de esa agencia, Valerie Rodríguez Erazo, en declaraciones escritas.

La determinación del máximo foro judicial fue catalogada como un paso importante para que este asunto —que afecta directamente a miles de familias puertorriqueñas— pueda atenderse con la urgencia y seriedad que merece.

“Estamos listos para presentar nuestros argumentos en derecho y demostrar de manera clara que el privilegio que se le otorgó a LUMA para evitar responder por los daños que causa no tiene cabida en nuestro ordenamiento legal. Eso es un intento de burlar la responsabilidad civil y de poner a una empresa privada por encima del pueblo, y eso no lo vamos a permitir”, añadió Rodríguez.

El pleito se presentó luego de que el pasado mes de mayo, la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico admitiera ante miembros de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes que habían recibido 1,828 reclamaciones de clientes por daños a electrodomésticos por fallas en el sistema eléctrico. Ninguna de las reclamaciones fue concedida por el consorcio.

LUMA alegó ante la Legislatura que, sin cláusulas que lo eximan de pagar por daños a electrodomésticos, podrían generarse consecuencias aún más severas para su estabilidad financiera.

DACO sostiene que la “inmunidad” concedida a LUMA contraviene el estado de derecho establecido, toda vez que le otorga “una inmunidad cuasi soberana a una empresa privada sin que ello sea evaluado por la Asamblea Legislativa”