Tres miembros de la junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico, quienes fueron despedidos recientemente por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, presentaron una demanda en un tribunal federal el jueves alegando que sus despidos fueron ilegales.

La demanda fue interpuesta contra Trump; Sergio Gor, director de la oficina de personal de la Casa Blanca; John E. Nixon, el único miembro restante de la junta; y Robert F. Mujica, director ejecutivo de la junta.

Los abogados afirmaron que Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa fueron destituidos ilegalmente de la junta y solicitaron a un juez su reincorporación.

“Este es un caso sobre el poder que tienen sobre la junta y sobre Puerto Rico”, dijo Eduardo Santacana, abogado de Cooley LLP, un bufete que colabora en el caso. “El presidente está intentando ejercer un poder que no tiene”.

Despidos por correo electrónico

La demanda reveló más detalles sobre los despidos abruptos del mes pasado, incluyendo que el subdirector de la oficina de personal presidencial envió a González y Rosa un correo electrónico de dos frases el 1 de agosto notificándoles su destitución. González presidía la junta en ese momento.

Casi dos semanas después, Biggs recibió el mismo mensaje.

“Ninguno de los correos electrónicos articuló ninguna ‘causa’ ni proporcionó ninguna otra justificación para las destituciones”, declaró la demanda. “Esas supuestas destituciones fueron ilegales”.

Los abogados argumentan que Trump no tiene autoridad inherente para despedir a González, Biggs o Rosa porque no son funcionarios de EE. UU. dentro del poder ejecutivo.

La demanda señaló que cuando el Congreso aprobó una ley en 2016 conocida como Promesa, creó la Junta de Supervisión y Administración Financiera dentro del gobierno territorial de Puerto Rico. “Lo que está en juego en este caso es innegable: Si el presidente puede violar las leyes que el Congreso aprobó para establecer los gobiernos locales en los territorios, podría destituir a cualquier funcionario territorial mañana mismo. Según esa teoría, también podría destituir a funcionarios del Distrito de Columbia”, afirma la demanda.

También establece que si algún miembro de la junta es destituido “con causa justificada”, tiene derecho a una notificación y una audiencia, algo que ni Gonzalez, Biggs ni Rosa tuvieron.

Un problema de reestructuración de deuda

En total, seis miembros de la junta han sido despedidos por la administración Trump, incluyendo a Cameron McKenzie, Juan Sabater y Luis Ubiñas. No fueron nombrados en la demanda del jueves.

Cuatro de los seis miembros despedidos son demócratas, mientras que Nixon, quien permanece en la junta, es republicano.

González es un juez de bancarrotas jubilado; Rosa es la comisionada del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York; y Biggs, un experto en la reforma del Seguro Social. La junta supervisaba un proceso similar a una quiebra después de que Puerto Rico anunciara en 2015 que no podía pagar su deuda pública de más de 70 mil millones de dólares y posteriormente se declarara en quiebra municipal, la mayor en la historia de Estados Unidos, en 2017.

Hasta hace poco, la junta luchaba por alcanzar un acuerdo de reestructuración con los bonistas sobre los más de 9 mil millones de dólares de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

La junta había insistido en un pago de 2.6 mil millones de dólares antes de la destitución de sus seis miembros.

Las destituciones generaron preocupación, ya que los expertos creen que Trump nombrará nuevos miembros que podrían estar a favor de pagar los 8.5 mil millones de dólares que exigen los bonistas.

Se supone que la junta tiene siete miembros, seis de los cuales pueden ser nombrados por el presidente de Estados Unidos con el asesoramiento y consentimiento del Senado. Su mandato es de tres años y solo pueden ser destituidos por causa justificada.