La nueva Ley de Armas firmada hoy por la gobernadora Wanda Vázquez Garced provee a las víctimas de violencia de género de un proceso más ágil para obtener gratuitamente una licencia de portación por unos tres meses.

Esto como parte de las alrededor de 70 enmiendas que recibió el proyecto 1050 de la autoría del senador Nelson Cruz y que entrará en vigor en enero.

Según anunciara la gobernadora hoy en La Fortaleza, para obtener sus armas las víctimas deberán poseer una orden de protección expedida por un tribunal, y tendrán unos 90 días para que puedan solicitar su armas con todos los requisitos que la ley implica.

“Esta nueva ley reconoce su derecho a poseer y portar armas de fuego y que hay un procedimiento que es mucho más efectivo, que es más rápido, menos costoso para que cada ciudadano pueda validar su derecho a tener y poseer armas de fuego”, dijo la primera ejecutiva.

“Aquellas víctimas de violencia doméstica que de alguna manera entiendan que deban tener o que quieran solicitar una licencia de portación de armas de fuego van a tener un procedimiento expedito para que puedan tener esas armas de fuego. Tiene que tener una orden del protección expedida por el tribunal y unas 60 días para que puedan solicitar su arma normalmente con todos los requisitos”, añadió.

“De no solicitarla (la licencia) deberá entregar cualquier arma, según dispone la ley”, sostuvo la gobernadora.

La estampa de la firma se da luego de varias enmiendas realizadas al proyecto, incluso peticionadas por la primera ejecutiva. Entre estas, la nueva pieza consolida en una sola licencia la autorización para poseer y portar armas de fuego, que incluye también la licencia de tiro al blanco.

Vázquez Garced, indicó, además, que se reducen los costos para adquirir la licencia. Ahora este proceso tendría un costo de $200.

“Ya no será necesario solicitar a través de un tribunal la licencia de portación de armas de fuego”, dijo la ejecutiva.

“Se está reconociendo el derecho a la posesión y portación de armas de fuego de una manera más económica para que todos los ciudadanos que interesen tener su licencia de armas puedan tenerlo”, señaló.

Otras de las enmiendas que la gobernadora peticionó fue facultar a la Policía a intervenir e investigar el uso de las municiones de arma de fuego por una persona cuando la compra exceda de 20,000 municiones al año o la compra que sobrepase las 10 armas. Con la disposición, la gobernadora aseguró que se busca darle mayor seguridad al ciudadano al fiscalizar la utilización de la compra de municiones que excedan las 20,000. Indicó que con la pasada ley había personas que lograron adquirir un millón de municiones en un año.

“El que lo está haciendo legal no le molesta. Tampoco queremos que la compra de municiones sea para subvencionar el narcotráfico y el bajo mundo. Yo no estoy diciendo que lo estuviesen haciendo, quiero prevenir”, apuntó.

“El mensaje al delincuente es que vamos a hacer muy fuertes. La Ley de Armas va a responder y que ellos van a responder con todo el peso de la Ley. Que de ahora en adelante, no solamente el delincuente que haga uso ilegal de las armas de fuego, sino aquellos que estaban de alguna manera subvencionando el narcotráfico, subvencionando el tráfico ilegal de armas, de municiones, la Policía de Puerto Rico, en esta nueva ley, tiene las herramientas para poder fiscalizar y poder tocarle la puerta y verificar que están haciendo con esas municiones, que cada día le traen noticias terribles a nuestro Puerto Rico, así que vamos a hacer muy fuertes en la implementación de esta ley”, dijo.

De igual manera, el proyecto considerará como evidencia de comisión de delito la posesión de armas sin licencias.

Y las personas convictas por delitos, también podrán ser consideradas por la Junta de Libertad Bajo Palabra para otorgarle el beneficio. Para ellos deberá haber cumplido el 75% de la pena que le haya sido impuesta.

Entre otras consideraciones, la medida permite, a persona mayores de 21 años que no tengan licencias, puedan llegar hasta una armería con polígono y tomen certificaciones al presentar una identificación con fotos.

No obstante, las armas automáticas están prohibidas y la penalidad seguirá siendo la misma. “Es una penalidad alta para aquella persona que sea detenida y que de alguna manera posea o porte un arma automática y obviamente también está incluido aquellas que tienen mutilada las series y todas esas disposiciones que habían ante la ley. Para el ciudadano que la utiliza de manera incorrecta está igual o más severo”, dijo Vázquez.

¿Lista la Policía para las solicitudes?

La Policía de Puerto Rico será quien tendrá a cargo el proceso de la solicitudes y la gobernadora aseguró que se encuentra lista para la posible "avalancha" de solicitudes que se registren.

"El secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, ha trabajado con las divisiones de armas de fuego de la Policía para estar preparados para las solicitudes de los ciudadanos”, sostuvo.