Los consumidores boricuas de 12 años o más compran cada vez más en comercios en línea, según arrojó un estudio comisionado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME), dado a conocer en mayo pasado.

La licenciada Anitza Cox, directora de análisis y política social de Estudios Técnicos -que hizo el estudio-, indicó a este diario que se muestra una tendencia alcista del consumo local en línea, ya que del año pasado a este hubo un aumento de 41% a 43%, al igual que la cantidad de dinero que se gasta, de $196 a $218.

Mientras, un 63% de los usuarios -de 12 años o más- compra fuera de Puerto Rico, un 34% en y fuera de la Isla, y un 3% solo compra local.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés, adelantó que continuarán los esfuerzos agresivos -incluyendo acción legislativa- para seguir captando el IVU de los comerciantes que no tienen presencia local y no han firmado un acuerdo. 

Desde el 2006 se dispone que, al venderse un bien o prestarse un servicio en la Isla, la persona o empresa que ofrece el producto está obligada a retenerle al comprador el impuesto sobre venta. 

A su vez, cuando un individuo compra a un comerciante que no está obligado a cobrar el impuesto sobre venta, este debe remitir el impuesto de uso a la agencia.

Según el secretario, existe información - de fuentes externas - que revela que anualmente los puertorriqueños adquieren alrededor de $1.8 billones en bienes y servicios a través de Internet.

Algunos sitios visitados son: eBay, Amazon, WISH, Netflix y Hulu. 

Sin embargo, gran parte de esas ventas provienen de entidades que ya tienen presencia física en Puerto Rico, como las tiendas de ventas al por mayor, que ya capturan el IVU.

“Antes era impensable decir que Hacienda podía recaudar $21 millones de estas entidades… y en tan solo dos años estamos a mitad de la meta inicial, que bajo el Plan Fiscal de 2017 era de unos $44 millones, estimando que habían unas ventas cercanas a los $500 millones, de entidades que no tenían presencia física en Puerto Rico”, sostuvo Parés.

Aunque los acuerdos son confidenciales, el año pasado Hacienda informó que uno fue con Amazon. 

Otro acuerdo puede incluir múltiples entidades de un grupo relacionado, dijo Parés.

Actualmente, bajo la Ley 25 de 2017, no se puede obligar a un negocio -que no tenga presencia física en la Isla- a cobrar el IVU pero sí a proveer información de los consumidores a los que le venden.

Fue precisamente por este último requisito que muchas empresas prefirieron hacer el acuerdo voluntario para cobrar el impuesto del 10.5%.

Sin embargo, el año pasado el Tribunal Supremo (South Dakota v. Wayfair Inc.) cambió las reglas para el cobro de impuestos a las ventas por Internet y ahora los gobiernos estatales y locales tienen autoridad para cobrarlos a vendedores remotos.  

“Aunque el tribunal no emite detalles de cuándo existe ese nexo económico -porque sería materia legislativa- puede haberlo sin que haya presencia física y se pueden usar parámetros de referencia como que el negocio tenga ventas sustanciales con la jurisdicción”, explicó Parés al aceptar que “esto nos abre ahora la puerta para evolucionar de esa Ley 25”.

Por otra parte, el secretario adelantó que como parte del proyecto de enmiendas técnicas al Nuevo Modelo Contributivo (Ley 257 de 2018) serán más restrictivos para que Hacienda pueda robustecer la administración contributiva de las transacciones.

Así, dijo, podrán ir de la acción voluntaria a “obligar a las entidades que no han entrado en acuerdos” a cobrar los impuestos.  Eventualmente, esos negocios estarían sujetos a las mismas disposiciones del comercio local, incluyendo multas y procesos de auditoría.