La represión del régimen iraní contra las protestas se ha extendido a los hospitales y consultorios médicos. Según reveló The Guardian, al menos nueve médicos y trabajadores de la salud han sido arrestados por atender a manifestantes heridos, en lo que organizaciones de derechos humanos denuncian como una“campaña de venganza” contra quienes cumplen su deber de auxiliar a las personas.

El caso más grave es el del cirujano iraní Alireza Golchini, de 52 años, originario de la ciudad de Qazvin, quien fue acusado de “moharebeh” (librar una guerra contra Dios), un delito que en Irán puede conllevar la pena de muerte.

De acuerdo con la organización noruega de derechos humanos Hengaw, Golchini enfrenta riesgo de ejecución por haber brindado atención médica a manifestantes durante las protestas que tienen lugar en ese país desde el 28 de diciembre.

Luego de que se conoció la denuncia, el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió su liberación inmediata y la de “todos los trabajadores de la salud detenidos”.

En un comunicado publicado en la red social X, Washington advirtió que “no se deben realizar ejecuciones en Irán” y que habría consecuencias si el gobierno avanza en esa dirección.

En declaraciones a The Guardian, Nima Golchini, primo del cirujano y residente en Canadá, aseguró que Golchini fue secuestrado de su casa el pasado 10 de enero.

“Lo arrestaron violentamente delante de su esposa y su hijo, de tan solo 11 años. Lo golpearon tan brutalmente durante el arresto que le rompieron un brazo y varias costillas, y lo sacaron a rastras de su casa. Mi familia está aterrorizada”, relató.

Días antes de su detención, Golchini había compartido en redes sociales su número telefónico para que personas heridas durante las protestas pudieran contactarlo y recibir atención médica. “Todo lo que hizo fue cumplir con su deber como médico: salvar vidas”, dijo su primo en el medio británico. “¿Cómo puede un médico no cumplir con su juramento?”, añadió.

Por ahora, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente los cargos contra Golchini ni han ofrecido detalles sobre su paradero. El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, instó públicamente a no mostrar indulgencia con los manifestantes.

“No debemos permanecer callados ante quienes intentan explotar la situación y perturbar la seguridad y la tranquilidad de la población”, declaró.

La ONG Iran Human Rights también denunció allanamientos a refugios médicos improvisados y a viviendas de profesionales que atendieron a heridos, sin que hasta ahora se conozca información sobre el estado de salud ni el lugar de reclusión de los detenidos.

“Esto parece ser una campaña de venganza deliberada contra los médicos y el personal sanitario que se niegan a abandonar a los heridos”, afirmó Hossein Raeesi, abogado iraní de derechos humanos exiliado, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Según la agencia Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, la represión deja 6,373 muertos y más de 42,000 personas arrestadas en Irán desde el inicio de las protestas.