La Paz, Bolivia. Las autoridades de La Paz, la ciudad más afectada por los bloqueos de carreteras que alcanzan un mes en Bolivia, declararon el martes la emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días debido a que las protestas están generando escasez de suministros médicos.

Incluso, los hospitales decidieron priorizar las cirugías de emergencia debido al escaso oxígeno medicinal con el que cuentan en La Paz, la cual está aislada por los cortes producto de las protestas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La Gobernación de La Paz resolvió decretar la emergencia con el objetivo de priorizar el suministro de oxígeno a hospitales y centros de salud, así como coordinar la apertura de un corredor humanitario.

“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, dijo previamente el director del Servicio Departamental de Salud, Martín Carrasco. Agregó que se reprogramarán entre 50 a 60 intervenciones quirúrgicas.

La directora del Hospital de la Mujer, Jhanet Aliaga, aseguró a The Associated Press que gracias a esfuerzos recientes los hospitales fueron abastecidos con oxígeno pero que sólo les alcanzará para dos a tres días.

Carlos Céspedes, de 42 años, dijo el martes a la AP que al menos tuvo la suerte de que se le practicara recién su cirugía, aunque aseguró que debió esperar casi una semana. Él se recuperaba en el Hospital General Público, en el centro de La Paz.

Aseguró que varios pacientes no pudieron llegar hasta ese centro por los cortes de ruta. “Yo era el 268 la primera vez, pero (después) en la fila conté solo ciento y algo”, agregó.

Las ciudades de La Paz y su vecina ciudad de El Alto son las que pasan por la situación más complicada ya que llevan más de 30 días aisladas del resto del país debio a las protestas y bloqueos. Además, enfrentan un desabastecimiento de alimentos y combustible.

El gobierno reportó el lunes otro fallecido por falta de atención médica por los bloqueos. La Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos —la mayoría por falta de atención médica por los cortes de rutas—, 23 heridos y 321 detenidos.

Los cortes de ruta se han extendido a siete de las nueve regiones del país, según un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras. Los departamentos de La Paz y Cochabamba —al centro— son los más afectados.

La protesta ha polarizado al país entre los que piden una pronta solución del conflicto y los que realizan las protestas, que se han convertido en una de las más largas desde la convulsión social que derivó en 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) luego de unas elecciones denunciadas de fraudulentas. Su sucesor Luis Arce (2020-2025) enfrentó un paro de 36 días.

Los empresarios estiman las pérdidas como consencuencia de las protestas en cerca de 2,000 millones de dólares en medio de una profunda crisis económica que heredó Paz.

En la región de Santa Cruz —el motor productivo de Bolivia— los manifestantes dieron el paso a varios camiones con oxígeno, combustible y alimentos por dos horas, dijo a radio Panamericana el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.

Mientras la solución al conflicto se hace esperar, crecen los pedidos del sector productivo, comerciantes, camioneros varados que exigen una pronta solución.

“El gobierno tiene que tomar una decisión muy clara: gobernar es decidir”, señaló el martes el expresidente Jorge Quiroga. Emplazó al gobierno a aplicar sus prerrogativas constitucionales luego que el Legislativo le abrió la posibilidad que llame a un estado de excepción.

Los sindicatos movilizados acordaron el martes en una concentración continuar con las medidas de presión y rechazar el diálogo. Dirigentes afines a Morales que participaron en el encuentro afirmaron que el conflicto sólo se resolverá con la dimisión de Paz. Entre tanto, el gobierno insistió en acusar a Morales de promover el conflicto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática.