El expresidente de Paraguay, Santiago Peña fue puesto este viernes bajo arresto domiciliario bajo sospecha de lesión de confianza, poco después de que el Senado lo destituyera de su cargo tras el colapso de un importante banco estrechamente vinculado a su administración.

Los 44 senadores presentes votaron de manera unánime a favor de remover a Peña por mal desempeño en sus funciones, convirtiéndolo en el segundo mandatario paraguayo destituido mediante juicio político desde el retorno del país a la democracia en 1989.

El veredicto se produjo apenas tres días después de que los reguladores intervinieran Ueno Bank, dejando a casi la mitad de los más de 6 millones de habitantes de Paraguay sin acceso a sus cuentas de ahorro ni tarjetas bancarias, lo que detonó la peor crisis institucional y política del país en más de una década.

La fiscalía ordenó que Peña permanezca bajo custodia en su residencia privada hasta que comparezca este sábado ante la unidad de delitos económicos.

“Hemos confirmado que se encuentra presente y a disposición de las autoridades para todos los trámites judiciales”, confirmó Silvia González, una de las fiscales a cargo del caso. En Paraguay, el delito de lesión de confianza acarrea penas de hasta cinco años de prisión, que pueden ascender a 10 años en casos de gravedad extrema.

Ordenan arresto del expresidente del Banco Central

La orden judicial también exige la captura de Carlos Carvallo, quien administraba la empresa financiera que dio paso a Ueno Bank antes de que Peña lo designara como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) en 2023. Hasta el momento no se ha confirmado si Carvallo ya fue detenido formalmente.

Los legisladores acusaron a Peña de usar su influencia política para transferir cientos de millones de dólares en fondos públicos hacia Ueno Bank, mientras las entidades reguladoras pasaban por alto préstamos de alto riesgo otorgados a empresas vinculadas. Peña ha rechazado haber incurrido en irregularidades.

El vicepresidente Pedro Alliana juramentó el viernes como nuevo presidente para culminar el periodo constitucional que concluye en agosto de 2028. Alliana, quien también figura bajo investigación por los nexos con el colapso financiero, hereda un gobierno sometido a fuerte presión popular para reintegrar el dinero a los depositantes y procesar a los responsables.

En un mensaje de despedida difundido antes de la votación, Peña manifestó que esperaba que su salida evitara un daño mayor a la estabilidad de la nación:

“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Me despido con gratitud, sin ignorar la angustia de quienes hoy esperan respuestas”.

Mientras la Cámara Alta deliberaba, turbas de manifestantes que exigían la devolución de sus fondos congelados y castigo penal marcharon por el centro histórico de Asunción bajo la consigna: “¡Santi Peña a Tacumbú!”, en alusión a la principal penitenciaría de la capital donde ya guarda prisión preventiva el fundador y exdirector ejecutivo del banco, Miguel Vázquez.

“Esto fue una enorme traición a la confianza”, denunció Yinal López, empleado de la empresa estatal de electricidad, cuyo fondo de pensiones mantenía activos en Ueno. “El presidente se burló del pueblo. Usó el dinero de la gente para hacer lo que quiso”.

Cuentas paralizadas e indignación en las calles

De la noche a la mañana, los clientes de Ueno quedaron incapacitados para retirar efectivo, mover sus ahorros o hacer transacciones comerciales básicas. El banco digital había crecido agresivamente captando a sectores desbancarizados y de escasos recursos mediante subsidios y reembolsos en supermercados, alcanzando más de un millón de primeros titulares. Incluso integrantes de la selección nacional de fútbol, que la entidad auspició durante su histórica victoria sobre Alemania en la Copa Mundial de este año, denunciaron que sus cuentas fueron inmovilizadas.

“El efecto dominó en la población ha sido descomunal”, advirtió Andrew Nickson, experto en asuntos paraguayos de la Universidad de Birmingham. “Eso ha atizado la ira de muchas personas que usualmente no participan activamente en política ni siguen estos temas”.

Un primer grupo de depositantes comenzó a recobrar parte de su capital este jueves, iniciando por quienes tenían balances de hasta 10 millones de guaraníes (cerca de $1,500). El seguro de depósitos cubre hasta unos $35,000, lo que según el Banco Central ampara al 97% de los usuarios afectados. El ente monetario catalogó la quiebra como un caso aislado y aseguró que el resto del sistema bancario opera con normalidad.

En un proceso judicial paralelo contra la cúpula corporativa, el Ministerio Público presentó cargos contra 27 personas, incluido Vázquez, por delitos como lesión de confianza e intento de fraude. Un juez impuso prisión preventiva a seis exdirectivos y arresto domiciliario a otros dos. Las autoridades han confiscado nueve vehículos de lujo en la residencia de Vázquez, además de un yate y dos avionetas vinculadas al conglomerado, tras allanar sus oficinas comerciales y residencias exclusivas a las afueras de Asunción.

Una institución inflada con dinero estatal

Ueno Bank emergió de un perfil discreto hasta convertirse en una de las mayores entidades bancarias del país por volumen de depósitos en solo unos años, impulsada por más de $800 millones procedentes de arcas gubernamentales. Su base de usuarios abarcó a más de dos tercios de los adultos de Paraguay, desplegando su marca desde el estadio nacional de fútbol hasta las tarjetas prepagadas de los vendedores ambulantes.

El pliego acusatorio del juicio político resalta la participación accionaria que el propio Peña mantuvo en el consorcio matriz de Ueno —de la cual se desprendió bajo fuerte presión pública el año pasado—, así como la designación de Carvallo al frente de la agencia reguladora. También se le imputa autorizar que el fondo de pensiones estatal colocara $355 millones en el banco, sobrepasando los topes fijados por ley.

“Durante los últimos 20 años, el Banco Central fue uno de los pilares de la credibilidad internacional económica de Paraguay”, explicó José Tomás Sánchez, profesor de teoría política en la Universidad Nacional de Asunción. “Bajo Peña, empezó a perder neutralidad y relajó sus controles para favorecer al grupo corporativo que tenía a Ueno Bank como eje”.

Peña defendió a la institución hasta semanas antes de su desplome. El mes pasado declaró a la prensa que una auditoría regulatoria no implicaba el cierre de la entidad y acusó a los medios de infundir miedo infundado.

Ruptura política con Horacio Cartes

La caída de Peña ocurrió a un ritmo vertiginoso: a finales de octubre viajó a Washington como un aliado elogiado que se reunía con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y en cuestión de días pasó a estar privado de su libertad en su propia residencia.

Tras la toma de Ueno en la madrugada del martes, el oficialista Partido Colorado le retiró el respaldo político bajo la conducción del expresidente y magnate tabacalero Horacio Cartes, antiguo mentor político de Peña. Para la tarde del jueves, Peña presentó su renuncia, pero los legisladores procedieron con el juicio político para despojarlo de la inmunidad constitucional que habría retenido de haberle aceptado la dimisión. En fila, sus ministros de Interior, de Gabinete y sus principales asesores jurídicos y políticos dimitieron en masa.

Peña, un tecnócrata y execonomista del Fondo Monetario Internacional (FMI), debía su ascenso al respaldo financiero y político de Cartes, quien lo nombró ministro de Hacienda y lo impulsó en dos ocasiones a la presidencia. No obstante, analistas señalan que, ya en el poder, Peña intentó crear una estructura de influencia propia utilizando a Ueno Bank como base de sustentación financiera.

“Es una trama digna de un drama shakesperiano. Intentó desplazar a su mentor político, pero sobre bases sumamente frágiles”, observó Miguel Carter, director del centro de investigaciones DEMOS.

La contraofensiva de Cartes comenzó en septiembre, cuando senadores afines exigieron informes al Banco Central sobre préstamos de Ueno a firmas vinculadas que ponían en jaque su liquidez. Consumado el colapso del banco, Cartes —quien previamente había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunta corrupción— pidió públicamente la salida de su antiguo pupilo.