QUITO. Una jueza ecuatoriana dictó el jueves orden de prisión preventiva y solicitud de difusión roja a Interpol para un exministro y un empresario, quienes viven en Estados Unidos y son señalados junto a otras dos personas como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

El político fue acribillado el 9 de agosto de ese año al finalizar un acto proselitista en el norte de Quito.

En la audiencia de apelación, la jueza María Ortiz modificó el fallo dictado por otra magistrada a inicios de septiembre que dispuso que José Serrano, exministro durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), y Xavier Jordán se presenten periódicamente ante el consulado de Miami, en Estados Unidos, donde residen. Jordán también es procesado en el país por presunta corrupción.

La Fiscalía confirmó en un comunicado que tras presentar nuevos elementos de convicción la jueza Ortiz “ordenó que esta resolución sea notificada a Interpol” para la búsqueda internacional de Serrano y Jordán.

Este último dictamen podría ser decisivo para Serrano, quien permanece detenido desde agosto en Estados Unidos mientras se resuelve su situación migratoria y donde su defensa tramita un pedido de asilo.

Además de Serrano y Jordán, el Ministerio Público acusó por el presunto delito de asesinato al exasambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, y a Daniel Salcedo, quien cumple una condena por cohecho. Aleaga se encuentra fuera del país y Salcedo está en prisión por delitos de corrupción.

Según la Fiscalía, los cuatro acusados conformaron una presunta estructura que buscó acabar con la vida de Villavicencio “por las denuncias de corrupción” que éste realizó y que supuestamente los involucraba.

Por el magnicidio de Villavicencio fueron sentenciados en julio de 2024 un hombre y una mujer que recibieron una pena de casi 35 años de prisión como autores materiales. Otras siete personas de nacionalidad colombiana, acusadas de participar en el crimen, fueron asesinadas en cárceles de Guayaquil y Quito donde cumplían prisión preventiva.

Las denuncias de corrupción de Villavicencio llevaron a prisión a exministros y ex altos funcionarios, así como a la condena a ocho años de cárcel de Correa en 2020, aunque no ha sido detenido porque reside en Europa.