El aniversario del crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, será recordado de manera solemne con una caminata y vigilia al atardecer de este martes, 11 de agosto, que culminará en el desvío Roberto Colón, donde la adolescente fue apuñalada en 11 ocasiones, incluida una que le perforó el corazón.

La actividad fue convocada por la progenitora de la víctima, Lisandra Rosario, en su página de Facebook con un afiche en el que se afirma que “caminamos por su memoria, por su justicia, por su amor y por todas las voces que han sido silenciadas”.

Los participantes saldrán a las 5:30 p.m. del estacionamiento municipal de la calle Padial, al lado de la comandancia de área de Aibonito hasta llegar a la escena del crimen, donde ha permanecido un altar en su memoria justo donde se marca el fatal desenlace.

El comandante de Zona de Aibonito y Coamo, el capitán Eric Ríos, explicó que los asistentes continuarán caminando hasta la intersección con la calle San José hasta el desvío donde se organizó una vigilia.

“Vamos a prestar apoyo en el control y dirección del tránsito y habrá presencia de policías para garantizar la seguridad de los asistentes”, comentó el capitán Ríos a Primera Hora. La vigilia culminará a las 8:00 p.m.

Todos los asistentes deben vestir con camisa blanca y llevar encendida una luz del mismo color.

“Que esta caminata sea un llamado de paz, unión y esperanza para construir un futuro más seguro donde nuestros hijos puedan vivir, soñar y cumplir sus metas. Ni una madre más debe sufrir la pérdida de un hijo, ni un joven más debe morir a manos de la violencia. La vida es un regalo. Honremos la de Gabriela con amor, fe y esperanza y caminemos juntos por un mañana menor”, lee parte del mensaje que acompaña la invitación.

Este miércoles, 12 de agosto, Gabriela Nicole, hubiese cumplido los 18 años.

El terrible caso

Transcurridos ocho días del crimen, el Departamento de Justicia radicó cargos por asesinato en primer grado y portación y uso de armas blancas, en común y concierto acuerdo, a Elvia Cabrera Rivera (40) y a su hija, Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera (17), quien será juzgada como adulta, en procesos por separado.

El pasado 23 de julio, luego de tres horas de deliberación, de manera unánime un jurado declaró a Cabrera Rivera culpable de asesinato en primer grado y de una infracción a la Ley de Armas por la muerte de la adolescente. Se alega que sacó un objeto punzante de una cartera y se la entregó a su hija en medio de varias peleas entre menores y adultos.

Su defensa, encabezada por la licenciada Mayra López Mulero, se prepara para apelar el veredicto de los 12 miembros del jurado.

Mientras que, en el caso de Avilés Cabrera, para el mes de junio Justicia enmendó los pliegos acusatorios para incluir agravantes en los cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

A esta fecha ya se han seleccionado a nueve miembros de jurado, siete hombres y dos mujeres. Este martes, justo el día del aniversario del asesinato, se proseguirá con la desinsaculación del jurado y todos los testigos del Ministerio Público serán juramentados.

“Este tribunal ordena la citación de todos los testigos anunciados por las partes para el 11 de agosto de 2026, a las 8:30 a.m., a los fines de tomarles juramento y apercibirlos de no emitir expresiones sobre el caso, abstenerse (y sin limitarse) de hablar con nadie, los medios, entre ellos, abogados o fiscales”, indica la orden emitida el 30 de julio por el juez superior, Juan A. Reyes Colón.

Las abogadas María Soledad Sáez Matos y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia legal, han solicitado, sin éxito, en numerosas instancias que se han elevado hasta el Tribunal Supremo, la paralización de los procedimientos con los argumentos sobre la procesabilidad de la acusada y de publicidad adversa, entre otras razones por la transmisión del juicio de Cabrera Rivera.

Durante la controversia más reciente se denunció una ventaja indebida del Ministerio Público por el uso exclusivo de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) sobre los candidatos a jurado y exigen que la fiscalía entregue estos informes a la defensa para garantizar un juicio justo.

“El permitir que el presente proceso de selección del jurado continúe sin que el Estado entregue a la defensa toda la información que ha obtenido del SIJC sobre los candidatos a jurado, además de ser una ventaja indebida a favor del Ministerio Fiscal, constituye una crasa violación, tanto a nivel del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como los Estados Unidos de Norteamérica, a los derechos constitucionales de la menor acusada a un debido proceso de ley, a una representación legal adecuada y a un juicio justo ante un jurado imparcial”, indica una parte del documento.

El 18 de julio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó las solicitudes de paralización del inicio del juicio y las peticiones de Certiorari presentadas por la defensa, tras alegar que la cobertura mediática relacionada con el caso y la transmisión del juicio contra la coacusada Cabrera Rivera habían contaminado el universo de potenciales jurados, por lo que para esa fecha solicitaba una posposición de seis meses.

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2025 entre las 12:00 y 12:10 a.m. de acuerdo con la querella se comenzó a investigarse en el Hospital Menonita en Aibonito, donde fue trasladada “Lela” en un vehículo privado.

Su muerte se certificó a las 12:35 a.m. a consecuencia de las heridas de arma blanca que recibió según lo certificó la Dra. Karla Mercado, quien para ese momento solo observó ocho heridas punzantes en el brazo derecho, el pecho, la zona pélvica, el glúteo y hematomas en el centro del abdomen. Se dispuso de su ropa conforme al protocolo de la institución por instrucciones de la Policía.

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En circunstancias que no han estado claras un adolescente de 16 años, quien fue testigo de la fiscalía en el caso de Cabrera Rivera, recibió una herida punzante en la parte posterior del cuello. Se desconoce quién lo hirió. El arma homicida no ha sido recuperada.

Durante el juicio el testimonio del agente investigador Ángel Torres Romero, adscrito a la División de Homicidios, fue fuertemente criticado por la defensa, la que también planteó inconsistencia en las declaraciones de los testigos. A partir de hoy comenzará a agotar las licencias acumuladas y renunciará por años de servicio para acogerse al retiro el 31 de diciembre.

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El caso también ha enfrentado cambios en los fiscales tras la integración de las licenciadas Myriam Nieves Vera, Jackeline Pizarro Gutiérrez y la fugaz participación del licenciado Edmanuel Santiago Quiles, quien no fue renombrado a la posición. Estas se unieron a la fiscal Silda Rubio Barreto.

La reestructuración surgió a raíz de la renuncia del procurador de menores, el fiscal Orlando Velázquez Reyes, la cual fue presentada y aceptada por la gobernadora Jenniffer González Colón, efectiva el 30 de abril de 2026.

Para el mes de septiembre del año pasado se designó a Rubio Barreto y a Velázquez Reyes, por su experiencia como procuradores de menores en sustitución de los fiscales originales, Brenda Lee Soto Santiago, Edwin Ortiz Rivera III y Lourdes Cruz Vélez.