El licenciado Antonio Figueroa, abogado del comerciante Josué Carrión, conocido como Mr. Cash, denunció hoy, miércoles, irregularidades durante el proceso administrativo que llevó a cabo la Policía con su cliente y que culminó con la revocación de la licencia de armas de fuego y de tiro al blanco del también animador de televisión. 

El comandante José Rodríguez, director del Negociado de Licencias y Permisos de Armas de Fuego, reveló ayer, martes, que el 27 de mayo de 2015 la División Legal de la Policía declaró no ha lugar a una solicitud presentada por Carrión para la restitución de su licencia de armas, basado en el argumento de negligencia reiterada.

Sin embargo, la resolución con la citada determinación, emitida por un sargento que funge como examinador de la División de Legal y suscrita por el propio comandante Rodríguez, no le fue notificada ni al abogado ni a Carrión hasta que se hizo pública la información, aseguró Figueroa en entrevista con este medio. 

El trámite regular en estos casos establece que el examinador hace unas recomendaciones, pero es el Superintendente de la Policía el que toma la decisión final. 

Carrión tiene 20 días a partir de la notificación para presentar una Moción de Reconsideración. Rodríguez dijo este martes que Carrión no ha apelado la decisión. Mientras, Figueroa recalca que su cliente no ha sido notificado formalmente sobre tal determinación.

Figueroa, no obstante, anticipó que, además de la presentación del documento de apelación, se propone solicitar a la Policía que abunde en torno a los fundamentos que los llevaron a denegar la petición, ya que el documento no incluye dato alguno que justifique la decisión. 

“Entiendo que hay situaciones en la notificación y en la resolución que no cumplen con las características regulares de una resolución de conformidad a la ley. Primero no tiene determinaciones de hecho, ni de derecho y fue notificada casi mes y medio de su firma, sin entender aún por qué tanto tiempo ha transcurrido y no es hasta el día de ayer (martes) que se me notifica formalmente sobre la resolución a las 4:30 p.m. (por teléfono)”, declaró Figueroa. 

El abogado, quien criticó enérgicamente al comandante Rodríguez, también cuestionó el proceso de notificación de la agencia porque durante varias etapas de la investigación administrativa no fue notificado de citaciones a vistas, ni de otros avances en el curso de la pesquisa como lo dispone la ley. 

La licencia le fue revocada a Carrión durante el proceso judicial que se llevó en su contra en el Tribunal Federal, tras ser acusado por pretender abordar un vuelo en dirección hacia Nueva York, el 28 de mayo del año pasado, con una pistola calibre .45 que estaba cargada en su equipaje. La defensa alegó en corte, con éxito, que se trató de un olvido y finalmente fue absuelto por un jurado el 22 de octubre del año pasado. 

En esa ocasión, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) entregó cuatro armas de fuego a la Policía. 

A su vez, el licenciado Figueroa, insistió en que el término de negligencia reiterada el cual fue utilizado por el comandante Rodríguez para basar su determinación no está definido en la Ley de Armas. 

“La ley o reglamentos internos de la Policía tampoco definen en ningún lugar qué significa el término negligencia y menos aún el término de reiterada. Por tanto, no podemos entender cómo utilizan de manera caprichosa o discrecional sin ninguna base jurídica dichos términos para quitarle a una persona, como en este caso a un buen ciudadano como Josué (Carrión), su derecho constitucional a poseer estas armas a nuestro juicio totalmente antijurídico y contrario a las mínimas garantías constitucionales que cada uno de nosotros tenemos que defender”, manifestó airado. 

Además, el abogado puso en duda el momento escogido por la Policía para dar a conocer públicamente la determinación, justo al día siguiente en el que un empleado del negocio Oro Centro, propiedad de Carrión, resultó herido mientras transitaba por salida arterial de la avenida Luis Muñoz Rivera, en la salida hacia el expreso PR-22, en Santurce, transportando dinero y valores de la compañía. El Negociado Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) tiene a cargo la pesquisa sobre esos hechos.

Carrión ha reiterado la necesidad de tener armas de fuego por su seguridad y para lo cual ha tenido licencia hace unos 15 años. 

“Nos parece terriblemente inadecuado que la notificación de esta resolución haya recaído tanto a esta parte como a los medios noticiosos en medio de una tragedia familiar y corporativa como la que está pasando en estos momentos Josué Carrión. Es inexplicable la causalidad en medio de una crisis social como la que tenemos donde el estado ha sido inefectivo en defender a sus ciudadanos y entonces, en medio de esta crisis tan terrible, a sus ciudadanos le revocan o le quitan su derecho a defenderse por sí solo”, insistió Figueroa. 

También recordó que la Constitución de los Estados Unidos en su segunda enmienda le garantiza un derecho fundamental a cada ciudadano a poseer y utilizar armas de fuego, no como un privilegio, sino como un derecho de primer orden. “Ninguna ley, ningún reglamento, ni ninguna disposición legal puede dejar sin efecto o anular este derecho humano de cada ciudadano norteamericano, no importa en qué región, territorio o estado se encuentre”, concluyó Figueroa.