Los abogados de defensa de Danielle Bertothy, la turista que fue acusada de incendiar en enero pasado varios establecimientos en Cabo Rojo, presentaron su explicación sobre la razón por la que su clienta debe ser sentenciada a 60 meses o cinco años de prisión.

Según detalló en su memorando de sentencia, esta pena de prisión le permitirá rehabilitarse y salir para poder pagar prontamente la pena de restitución que le imponga la jueza federal Gina Méndez Miró, del Tribunal federal de Distrito en el Viejo San Juan, por haber destruido varios comercios en la zona turística de Cabo Rojo.

La vista de sentencia de Bertothy está programada para este próximo lunes, 20 de octubre.

“Una sentencia de 60 meses de prisión le permitirá a Bertothy trabajar para pagar la restitución lo antes posible, lo que ayudaría a las víctimas de su delito a obtener una indemnización completa, en la medida en que el dinero lo permita. Cualquier sentencia que exceda el mínimo legal retrasaría innecesariamente su capacidad para comenzar a pagar la restitución. En cambio, poner a Bertothy en libertad supervisada tan pronto como la ley lo permita le permitiría volver a trabajar, como siempre lo ha hecho a lo largo de su vida adulta, para poder pagar la restitución”, dice el documento judicial publicado ayer, lunes por los abogados Justin K. Gelfand y Jennie Mariel Espada.

El empresario afectado por este fuego, Ángel Luis Marrero Negrón, propietario de la hospedería Luichy’s Seaside Hotel y de los otros locales dañados por el siniestro, ha cuestionado la decisión de la Fiscalía federal de llegar a un acuerdo que le impuso a Bertothy una pena de prisión mínima. Sin embargo, dijo a Primera Hora este martes que ya ha logrado aceptar todo este proceso judicial.

“Esto ha sido como una montaña rusa de pensamientos y sentimientos. Obviamente, cuando nos enteramos al principio, de más está decir cómo me sentía, verdad, frustrado y no entendía el proceder de ella. Cuando la prensa me entrevistaba, yo estaba bien enérgico. ‘No, yo quiero que le caiga todo el peso, lo máximo, 20 años...’ Pero, es verdad, mientras más rápido salga ella y se reincorpore a la libre comunidad, más oportunidad tengo yo de recibir el dinero”, compartió.

“Ya estoy más resignado, más tranquilo y ya no hay tanto molestia, ni rencor en mi corazón”, añadió.

La mujer se declaró culpable el pasado 22 de julio de un cargo por usar el fuego para destruir una propiedad, lo que afectó el comercio interestatal.

Específicamente, se le imputó derramar gasolina e incendiar varios negocios de Cabo Rojo tras protagonizar un presunto altercado en el negocio Bar Marea. El incidente ocurrió en la madrugada del 2 de enero, cuando la mujer se hospedaba en un Airbnb en Cabo Rojo.

La acusación alude a que el arrendador del Airbnb le entregó un tanque de gasolina para que hiciera uso de un generador, ya que el 31 de diciembre ocurrió un apagón general en Puerto Rico.

“Los investigadores creen que la acusada usó el tanque de gasolina rojo para verter gasolina y prender fuego a una estructura al otro lado de la calle de su Airbnb en la medianoche del 2 de enero de 2025”, lee la orden de detención.

Los locales afectados por el fuego fueron Marinera Restaurant, Bar Marea Combate, Artesanías Juavia y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, en El Combate.

El propietario de Luichy’s y los locales afectados indicó a este diario que tuvo que invertir unos $500,000 para lograr reabrir los negocios. Ha presentado varias demandas para intentar recuperar los daños.

Por otro lado, en su justificación de la sentencia, los abogados explicaron que la sentencia que enfrentará la mujer son mayores a los que puede imponer un tribunal.

“Antes de comparecer ante este Tribunal para la sentencia, Bertothy ha perdido importantes derechos civiles: la capacidad de votar en las elecciones en muchas jurisdicciones, no poder poseer un arma de fuego, no poder obtener ciertos tipos de préstamos financieros, no poder vivir en ciertas residencias, y la lista continúa”, indica el memorando de sentencia.

Además, alude a que ya siente “la vergüenza y la humillación” que ha acarreado este caso, ya que se fue viral tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.

“Este Tribunal puede y debe tener en cuenta estas consecuencias colaterales de larga duración al fijar una pena suficiente, pero no mayor de lo necesario”, se le pidió a la jueza en el escrito.

La petición se hizo en medio de la revelación de que Bertothy es usuaria de drogas desde los 19 años. Se informó que desde que está ingresada en la prisión federal, participa tanto de programas de abuso de drogas como de salud mental.

“A lo largo de sus 37 años de vida, Bertothy ha luchado contra el abuso de sustancias y problemas de salud mental, pero el hecho de que busque la ayuda que necesita y planifique su futuro demuestra su fortaleza y carácter. La sentencia solicitada conjuntamente en este caso es la adecuada, considerando todas las consideraciones pertinentes”, detalló el escrito de 26 páginas.

El memorando de sentencia fue acompañado de un certificado que logró Bertothy en el Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo, donde se encuentra encarcelada. Este es por participar del Programa de Reducción de la Reincidencia Basados ​​en la Evidencia (EBRR, en inglés), así como cuatro cartas firmadas por su madre, su hermana, su cuñado y su mejor amiga.

La madre, Anna Bertothy, indicó que su padre murió cuando la convicta era una niña y pasaron tiempos difíciles.