Los abogados de defensa del suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, radicaron este jueves una moción para solicitar que el juez del Tribunal de Primera Instancia de la Ciudad Señorial, Rubén Serrano Santiago, reconsidere su determinación de no trasladar el proceso judicial por corrupción pública a otra región o, de lo contrario, se inhiba de atender el caso.

La movida, que se dio a las 10:00 a.m., ocasionó que la jueza Zahira Torres Moro presidiera la vista de los estados de los procedimientos que se citó para la tarde de hoy. Allí, esta informó que el juez analizaría los argumentos esbozados por los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Carlos Torres Nolasco para establecer por escrito su postura, según informó la portavoz de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la exjueza Eloina Torres Cancel.

Irizarry Pabón fue acusado el 31 de octubre de cuatro cargos por violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

El alegato que se hizo en su contra fue que solicitó dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que, tomó con el Banco Popular, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020. Aún no se ha especificado el paradero del restante, o sea $20,000 que, según el testimonio del agente investigador, Miguel Fonseca, pudo haberse consumido en gastos de la oficina médica del imputado.

Durante la vista que se dio para atender la mencionada acusación, tanto el imputado, como sus abogados y las fiscales especiales independientes (FEI), Zulma Fúster, Ileana Agudo Calderón y Fabiola Acarón Porrata-Doria, estuvieron presentes vía Zoom.

Torres Cancel explicó que las FEI no han podido evaluar a profundidad la nueva moción presentada y que no se les dio una fecha límite para contestarla.

La reconsideración está basada en una determinación de “no ha lugar” tomada por Serrano Santiago el pasado 23 de enero para que el proceso judicial contra Irizarry Pabón se traslade a otra región judicial. Entre otras cosas, los abogados aluden a que, por el cargo político ocupado por su cliente, se “pone en juego la pureza de los procedimientos”. Además, aludieron al reconocimiento que tiene el contrincante político del suspendido alcalde, el abogado Pablo Colón, en el tribunal ponceño por sus 35 años de litigar allí.

En su determinación escrita, copia de la cual obtuvo Primera Hora, el juez expuso que “es pertinente establecer que en la etapa de vista preliminar no se materializan los factores que estamos llamados a considerar al evaluar una solicitud de traslado relacionados con un juicio justo y la dificultad en obtener un panel de jurados”.

Además, opinó que “somos conscientes que en procesos judiciales donde se involucran figuras públicas, especialmente de la política, se genera mucha opinión pública, tensión social y animosidad. Independientemente del resultado final del proceso judicial, en estos casos, parte de la sociedad entenderá el trabajo del Tribunal, otra no. Algunos entenderán que el Tribunal fue justo, mientras que otros creerán que fue injusto. El hecho de que el proceso se lleve en otra región judicial no cambiará eso. La Defensa no nos ha persuadido de lo contrario. No existe elemento alguno que nos permita concluir que el traslado de este caso influirá, positiva o negativamente, en la percepción que tengan los ciudadanos sobre el Tribunal”.

De no reconsiderar dicha postura, los abogados de defensa clamaron por que el juez Serrano Santiago no sea el que atienda el caso

Los argumentos incluidos en la moción establecen que el cuñado del juez fue socio del imputado en la corporación Ponce Advance Medical Group, P.S.C. por más de 10 años. Además, aludieron a que uno de los que recomendó a la esposa del juez, Luz D. Fraticelli Alvarado, para recibir un ascenso como jueza del Tribunal de Ponce fue el contrincante de Irizarry Pabón.

Específicamente, la moción expone que del informe que preparó la Comisión de Nombramientos del Senado para evaluar el ascenso “surge claramente que el licenciado Pablo Colon Santiago fue una de las personas que activamente recomendó a la jueza Fraticelli para su nombramiento en ascenso como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia. Esta información, la cual la defensa desconocía previamente, corrobora nuestra posición a los efectos de que los lazos profesionales y de amistad que tiene el licenciado Pablo Colon Santiago con jueces y funcionarios del Tribunal de Ponce, unido al hecho de este ser el principal contrincante contra el imputado para la Alcaldía de Ponce, pueden poner en duda la imparcialidad y confianza que debe prevalecer sobre nuestro sistema de justicia en cuanto a la Región Judicial de Ponce se refiere”.

Ante dicha intervención y los lazos entre el cuñado del juez con Irizarry Pabón, los abogados destacaron que “el hecho de que nos encontramos en un año electoral; y a la vinculación tanto del imputado como de su principal contendiente político con funcionarios del Tribunal de Ponce, hacen que indiscutiblemente deba protegerse la imagen de imparcialidad que debe prevalecer públicamente sobre el sistema judicial de Ponce mediante el traslado administrativo del presente caso a otra región judicial”.

“En la alternativa, de no reconsiderarse la denegatoria al traslado solicitado por el imputado, respetuosamente se solicita que conforme a la Regla 76 de Procedimiento Criminal y el Canon 20(i) de los de Ética Judicial, proceda el Honorable Juez Rubén Serrano Santiago a inhibirse de continuar presidiendo la vista preliminar del presente caso”, añade la moción.

La jueza que presidió la vista informó que Serrano Santiago evaluará tales argumentos de la defensa. Si decidiera no inhibirse, le correspondería a la jueza administradora, Lissette Toro, designar a otro juez para que evalúe la petición, precisó Torres Cancel.

Mientras todos estos pasos ocurren, se pautó de manera tentativa el inicio de la vista preliminar contra Irizarry Pabón para el 14 y 15 de marzo a las 9:00 a.m. Comentó que este periodo concedido daría para que la defensa del suspendido alcalde realice alguna otra apelación a la determinación que se alcance con esta nueva moción.

Por otro lado, Torres Cancel informó que esta mañana las FEI Fúster y Agudo Calderón atendieron otra vista de los estados de los procedimientos contra el exalclade de Corozal, Sergio Torres. Allí se fijó para el 15 de mayo el inicio del juicio por jurado en su contra.

A Torres se le imputa el delito de violación a las comunicaciones personales por la grabación de una conversación personal de una empleada municipal a través de un sistema que funcionaba por medio del cuadro telefónico y que se activó con el presunto propósito de monitorear y mejorar la calidad de los servicios que les prestaban a los residentes de Corozal. El sistema tenía la capacidad para grabar conversaciones en todas las extensiones telefónicas del ayuntamiento.