Un gran jurado federal acusó al presidente de una corporación que prestaba servicios a la Administración para la Familia y el Niño de Puerto Rico (ADFAN), adscrito al Departamento de la Familia, por fraude electrónico y lavado de dinero, porque supuestamente utilizó los fondos que adquirió bajo el contrato con la agencia para comprar un yate de lujo y una vivienda.

El acusado fue identificado en un comunicado emitido por la Fiscalía federal como Miguel Ángel Colón Molina, alias Mickey Colón, quien era propietario de Good Morning Foundation Corp. (GMF). Esta corporación, se informó, tenía un contrato multimillonario con ADFAN para brindar servicios psicológicos y terapéuticos, recreación, albergue, alimentación, transporte, así como servicios médicos a niños y familias en centros residenciales.

Según la acusación formal, entre los años 2018 y 2019, Colón Molina usó millones de dólares de los fondos del contrato del gobierno que logró para su uso personal y trató de ocultar su uso indebido a través de transacciones estructuradas de bienes raíces y bienes de consumo, incluida la compra de un yate de lujo 82 pies, conocido como Jiribilla y con un valor aproximado de $1 millón, y de una vivienda en la urbanización Santa María, también valorada en $1 millón. Se alega que estos bienes los registró como sociedades anónimas con fines de lucro bajo su mando.

Por estos hechos, el gran jurado emitió una acusación el pasado miércoles por 12 cargos de fraude electrónico y seis cargos de lavado de dinero.

“Los cargos presentados contra Colón Molina son el resultado del arduo trabajo y la colaboración de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Fiscalía Federal de Puerto Rico. Enjuiciaremos enérgicamente a quienes cometan fraude contra los programas gubernamentales y privaron a nuestros niños y familias de la asistencia gubernamental que tanto necesitan”, indicó el fiscal federal W. Stephen Muldrow, en declaraciones escritas.

La corporación Good Morning Foundation Corp. está incorporada en el Departamento de Estado desde el 16 de octubre de 2013 por Colón Molina. Los documentos públicos exponen que es una entidad sin fines de lucro que se dedica a “hogar sustituto y cuido de incapacitados. La corporación administrará y contratará el personal licenciado para ofrecer estos servicios”.

En el registro de contratos de la Oficina del Contralor, entretanto, aparecen dos contratos de la empresa para el 2018 y 2019 con ADFAN. Estos fueron de $1,421,280 cada uno. Se destaca el uso de fondos federales para este pago.

La empresa no logró ningún otro contrato con otra agencia de gobierno, según el registro.

Convicto por evasión contributiva

Cabe destacar que Colón Molina se declaró culpable el 13 de mayo de 2021 por evasión contributiva entre los años 2015 a 2018, tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia por evadir el pago de más de $1.1 millones al Departamento de Hacienda.

Al conocer de esta nueva acusación, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, escribió un extenso mensaje en varios tuits en los que aludió a que es común que los evasores contributivos presenten otras conductas delictivas.

“En muchas instancias, los evasores contributivos reflejan otras conductas delictivas más allá de robarle los impuestos a ustedes. De hecho, han habido otros casos que en nuestras investigaciones desciframos que podrían haber otras actividades ilícitas como narcotráfico. A lo que voy, es que nuestro trabajo debe ir más allá de la evasión contributiva. Tenemos una responsabilidad de ayudar a lograr una isla más segura. La inteligencia que se desprende de nuestros sistemas de información es única y muy valiosa para todas las agencias de seguridad”, sostuvo el titular.

Por otro lado, el jefe del FBI, Joseph González, agradeció el apoyo que recibió en esta investigación federal.

“Nuestro compromiso de perseguir estos casos y llevar a los estafadores ante la justicia es más fuerte que nunca. Instamos a la comunidad a denunciar fraudes contra el gobierno y violaciones de la ley federal al FBI llamando al 787-987-6500 o visitando tips.fbi.gov”, detalló.

Colón-Molina conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico y entre 10 a 20 años por cada cargo de lavado de dinero.

Los fiscales federales María L. Montañez Concepción y Daniel J. Olinghouse están a cargo del proceso judicial.