Cargos criminales por los delitos de traspaso ilegal de documentos, tentativa de fraude, tentativa de apropiación ilegal de fondos públicos y robo de identidad fueron radicados hoy contra un hombre, que fue el primer arrestado por intentar cambiar en un banco un cheque del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), con una identificación falsa.

La juez Alfrida Tomey Imbert del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa en todos los cargos presentados contra Miguel A. Martínez Rivera, de 45 años, a quien le fijó una fianza de $100,000, la cual no prestó, por lo que será encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón.

Relacionadas

La vista preliminar fue señalada para el 21 de agosto.

Según la querella, la intervención con el individuo ocurrió el 14 de julio en la sucursal del Banco Popular que ubica en la avenida Roberto H. Todd, en Santurce, cuando intentó cambiar un cheque por la cantidad de $10,460 a nombre de otra persona.

La juez Alfrida Tomey Imbert del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por los delitos de traspaso ilegal de documentos, tentativa de fraude, tentativa de apropiación ilegal de fondos públicos y robo de identidad contra Miguel A. Martínez Rivera, de 45 años, que fue el primer arrestado por intentar cambiar en un banco un cheque del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), con una identificación falsa y le fijó una fianza de $100,000.
La juez Alfrida Tomey Imbert del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por los delitos de traspaso ilegal de documentos, tentativa de fraude, tentativa de apropiación ilegal de fondos públicos y robo de identidad contra Miguel A. Martínez Rivera, de 45 años, que fue el primer arrestado por intentar cambiar en un banco un cheque del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), con una identificación falsa y le fijó una fianza de $100,000. (Suministrada)

Desde esa fecha hasta el 8 de agosto, otras 40 personas fueron arrestadas y se han recuperado $221,248 por esta modalidad de fraude.

El caso fue investigado por la agente Kariana Lasalde Tarrats y los fiscales Edmanuel Santiago Quiles de San Juan, Ileana Agudo y Alexis Carlo, estos últimos de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.

La División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias lleva a cabo más investigaciones en curso por fraude con fondos del desempleo con otras características, una de ellas que involucra a un adolescente y un adulto, ambos alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola, por presuntamente llenar solicitudes reclamando los beneficios que no le correspondían.

Ante la avalancha de casos, durante la primera semana de agosto se creó un grupo especial de trabajo integrado por la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, la Fiscalía de San Juan, el Procurador de Menores y esa división para atender todos los casos de fraude a referido programa para desempleados por la complejidad de estas investigaciones.

El 4 de agosto, se ocuparon unos 60 expedientes de solicitudes fraudulentas tramitadas bajo el PUA, durante el diligenciamiento de una orden allanamiento en una residencia en el barrio Campanillas de Toa Baja, donde arrestaron al gestor, quien también estaba falsificando licencias de conducir y la registración de vehículos de motor que se presume eran utilizadas también para cambiar los cheques del desempleo. El detenido también recibió dinero del PUA.

Luego la pesquisa se extendió hacia las cárceles tras el arresto de un hombre en un banco de Caguas que, tras cumplir seis años de prisión por violación a la Ley de Armas, reveló que le llenaron en la cárcel la solicitud para los beneficios del PUA y al quedar en libertad le entregaron una licencia falsa para que comenzara a cambiar los cheques.

Otro de los esquemas se configura cuando personas solicitan beneficios reales, pero al momento de cambiar los cheques utilizan licencias de conducir falsas, y en el otro no solo usan identificaciones falsificadas, sino que se trata de casos en los que se les ha robado la identidad a un ciudadano y otras personas, o deambulantes son usados para obtener el dinero en efectivo.

También se explora otro tipo de fraude en el que se le añade un dígito a la cifra real para incrementar su cantidad y el fraude cometido por empleados públicos que solicitaron el dinero porque entendían que les correspondía el beneficio.