La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) radicó el jueves ante el Tribunal Supremo una petición de Certiorari para que revoque la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 21 de mayo de 2026 y ordene la paralización del juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera hasta que se determine su procesabilidad de su procesabilidad.

En su argumento se expuso que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia, que declaró sin lugar la solicitud inicial para la paralización del inicio del juicio para la evaluación de procesabilidad bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, por ser una estudiante de educación especial con discapacidad intelectual, a pesar de que consideran que presentaron prueba que supera el estándar requerido.

“La incapacidad mental de un imputado es importante en dos instancias. Una de estas es al momento de la comisión de los alegados hechos (se relaciona con su inimputabilidad, que es una defensa afirmativa que no permite imponer una responsabilidad penal a una persona cuando su condición mental al momento del evento impide comprender la criminalidad del acto imputado) y la otra, al momento y durante el proceso penal (que se relaciona con la capacidad o incapacidad mental de la personal al momento de encarar el proceso judicial en su contra)”.

Inicialmente, Avilés Cabrera fue declarada no procesable por primera vez el 17 de septiembre de 2025 por el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, tras determinarse que no poseía la capacidad mental para comprender el proceso judicial en su contra y se calculaba que tenía una edad mental de una niña de unos 11 años. Posteriormente, tras nuevas evaluaciones, el tribunal la declaró procesable en octubre de 2025.

Las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), han reiterado en distintas instancias en que la joven no es procesable y que conforme avancen las etapas procesales tendrá mayor dificultad para comprenderlo.

Se ampararon en un informe de evaluación psicológica preparado por el Departamento de Educación en que establece que en la Escala de Inteligencia Weschler la joven obtuvo puntuaciones deficientes en los índices de funcionamiento intelectual, compresión verbal, razonamiento fluido e índice viso espacial. De igual forma, de la prueba (Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration) se desprende que tiene una edad equivalente a los diez años y tres meses”, se indica en el recurso.

“Un asunto que se tiene que tomar en consideración en este caso es el hecho de que a nuestra representada se le acusó en Sala de los Criminal cuando tenía 17 años. Sin embargo, la última vez que se solicitó la paralización de los procesos por razón de su procesabilidad, esta contaba con 18 años de edad. Para propósitos del proceso criminal es adulta...debemos recordar que la joven sigue siendo una adolescente que está siendo juzgada como adulta y ese dato, sobre la etapa de desarrollo en la que se encuentra, no debe pasar desapercibido para propósitos de determinar su procesabilidad”, argumentaron.

Este lunes, el juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, pautó para el 23 de junio el inicio de juicio contra Avilés Cabrera. Ese día se tendrá que anunciar al tribunal si el juicio será por jurado o por tribunal derecho.

Ante esta encrucijada, la fiscal Silda Rubio Barreto, ha advertido que, si por alguna razón se pospone el juicio hasta el 7 de julio, la defensa podría solicitar la desestimación de los cargos contra la acusada debido al vencimiento de los términos a un juicio rápido.

Dilatar el proceso

Por su parte, el jefe de los Fiscales, Juan R. Ramos García, criticó la defensa de la coacusada por dilatar los procedimientos judiciales, tras la radicación de una moción en el Tribunal de Aibonito en la que plantea que el Ministerio Público está filtrando declaraciones juradas a prensa.

“La defensa de Anthonieska Avilés Carera parece haber agotado sus argumentos para continuar dilatando los procedimientos judiciales y ahora recurre a alegaciones falsas e infundadas sobre una supuesta filtración de información a la prensa”, reaccionó.

Ramos García reveló que radicaron una moción para solicitar que este asunto se atienda con prontitud.

“En el Departamento de Justicia rechazamos rotunda y contundentemente dichos señalamientos, los cuales carecen de evidencia y base fáctica alguna. Resulta altamente cuestionable que abogados formulen señalamientos contra “el Estado” sin contar con evidencia que sustente sus alegaciones", sostuvo en declaraciones escritas.

“La Fiscalía está lista para comenzar el litigio y hacerle justicia, de una vez y por todas, a Gabriela Nicole y a su familia”, finalizó.