Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, de 18 años, imputada por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, comparecerá esta tarde al Tribunal de Aibonito para una vista argumentativa que se centra en la moción radicada por su defensa para la desestimación de los cargos que pesan en su contra, bajo el alegado que su capacidad mental es equivalente al de una niña de 10 años y siete meses.

La defensa, representada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), argumenta la falta de jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia ya que la acusada no cuenta con la capacidad mínima de 15 años requerida para la renuncia automática a la jurisdicción del Tribunal de Menores, mientras la fiscalía busca continuar el proceso como adulta.

Avilés Cabrera, quien tenía 17 años para la fecha de los sucesos, fue acusada junto a su progenitora, Elvia Cabrera Rivera, por el asesinato, en común y mutuo acuerdo, con un arma blanca de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

“Entendemos que la facultad o capacidad mental de un menor resulta ser un requisito indispensable, tanto para asumir jurisdicción como para excluir de la misma. Dado que la facultad o capacidad mental de nuestra representada está por debajo de los 15 años, la Sala Superior (adulto) no tiene jurisdicción para atender esta causa o asunto. Por ende, lo que procede es que el presente caso sea revertido al Tribunal de Menores de dicha región judicial”, lee un fragmento de la moción.

La licenciada Revelles Ponce aclaró durante la vista anterior que “es una moción diciéndole al tribunal que toda vez que esa menor de edad, que era menor de edad (para la fecha de los hechos), tiene esa discapacidad, ese pensamiento limitado que no es acorde con la edad física de ella, pues hay que entonces trasladar el caso al Tribunal de Menores”.

De acuerdo con la moción, las evaluaciones hechas para el 2024 revelaron que el rendimiento total de su representada en las áreas de escritura, lectura y matemáticas “era equivalente a un quinto grado, su nivel de ejecución era bajo promedio y su edad mental equivale a 10 años con 7 meses”.

Por su parte, el fiscal Orlando Velázquez Reyes, reaccionó sorprendido con estos argumentos porque entiende que la Ley de Menores no dispone nada en términos de la edad mental de un imputado.

Agregó, al ser abordado por periodistas, que las evaluaciones del Departamento de Educación solo se hicieron en términos de sus destrezas de aprendizaje y no para conocer su capacidad mental.

La vista preliminar está pautada para comenzar el 11 de diciembre, luego de una vista de necesidad en la sala del juez Raúl Rodríguez Quiles, en la que se evaluaría una solicitud del Ministerio Público para determinar si una adolescente podría prestar su testimonio por circuito cerrado para evitar la exposición directa durante su declaración.

La testigo de 15 años es prima de la víctima, y se alega que se encontraba al lado de Gabriela Nicole al momento de los fatídicos sucesos.

La defensa también presentó otra moción para conocer si Avilés Cabrera “hizo alguna expresión, admisión o confesión, directa o indirecta, oral o escrita, relacionada a los delitos” que se le imputan a alguno de los múltiples funcionarios con los que ha tenido contacto.

Este fin de semana circuló un documento titulado Declaración de Persona Sospechosa que debía estar en el expediente de la Policía de Puerto Rico, en el que presuntamente Avilés Cabrera, habría exonerado a su madre y hermana, a base de un interrogatorio de 16 minutos que se llevó a cabo el 19 de agosto.

Esta información abrió el debate sobre si el mismo constituye prueba exculpatoria, favorable o beneficiosa.

A su vez, la licenciada Mayra López Mulero radicó una moción para desestimar los cargos de asesinato en primer grado contra Cabrera Rivera porque entiende que en la vista preliminar no se presentó ninguna prueba que demostrara intención, participación o uso de arma.

Mientras que, ayer, lunes, el Departamento de Justicia, a través del Ministerio Público, radicó una moción en la que solicitó que se imponga una orden de mordaza en el caso contra Elvia Cabrera Rivera, una de las dos imputadas por el asesinato de la adolescente.

“Solicitamos que este asunto en particular pase a la consideración de un juez distinto al asignado para juicio, para evitar cualquier dilación o interrupción del caso como está siendo atendido y ya calendarizado”, reza la moción.

La funcionaria explicó que la decisión procura evitar la desinformación sobre los procesos, así como el menoscabo de la imparcialidad, para garantizar la transparencia de los procesos judiciales y la protección de los derechos de las víctimas y las mismas imputadas en este caso.