Personal del Plan Integral de Seguridad Ciudadana arrestó anoche en el barrio San José de Toa Baja a Gabriel J. Santiago Andino, acusado en ausencia por los delitos de tentativa de asesinato, violación a los artículos 6.05, 6.14 y 6.22 de la Ley de Armas, y violación a la Ley de Sustancias Controladas, por presuntamente herir de bala a un sargento de la Policía Municipal de Toa Alta en el residencial Ramón Pérez Rodríguez.

El juez Rafael J. Parés del Tribunal de Bayamón expidió una orden de arresto con una fianza de $1 millón 430 mil, la cual le fue diligenciada.

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El juez Rafael J. Parés del Tribunal de Bayamón expidió una orden de arresto con una fianza de $1 millón 430 mil contra Gabriel J. Santiago por dispararle a un sargento de la Policía Municipal de Toa Alta.
El juez Rafael J. Parés del Tribunal de Bayamón expidió una orden de arresto con una fianza de $1 millón 430 mil contra Gabriel J. Santiago por dispararle a un sargento de la Policía Municipal de Toa Alta. (Suministrada)

Los hechos que se le imputaron ocurrieron el miércoles a la 1:20 p.m. mientras personal de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón investigaba confidencias sobre miembros de una organización criminal de Toa Baja que transportaba sustancias controladas en vehículos hurtados al residencial donde quería establecer un punto de drogas.

Surge de la investigación que llevó a cabo el Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Bayamón, que dirige el capitán Ricardo Haddock, que mientras agentes debidamente uniformados entraron al residencial para corroborar la información y entrevistar una persona de interés, Santiago Andino les disparó hacia donde estaban los sargentos Xavier Oropeza Rosado, adscrito a la Policía Municipal de Toa Alta, quien brindaba apoyo y Félix Fuentes Reyes, director de la División de Vehículos Hurtados.

Oropeza Rosado recibió un balazo en la cadera izquierda, alojándose el proyectil en el glúteo de ese lado. Su condición es estable. Este fue dado de alta en espera de someterse a una cirugía.

El imputado tiene antecedentes penales por robo y violación a la Ley de Armas en el 2019.

El caso fue investigado por el agente Ángel Silva Sánchez, adscrito a la División de Homicidios, y consultado con el fiscal Carlos Rodríguez.