A días de que la Fiscalía federal determinara que no buscará la pena de muerte en el caso criminal contra el exponente urbano CDobleta y otros cuatro coacusados por el agente de la Policía, Eliezer Ramos Vélez, en Carolina, el fiscal federal Joseph Russell presentó todos los detalles sobre cuándo y cómo será el juicio, así como quiénes serían los primeros en ser juzgados.

En una “solicitud de composición del juicio”, el fiscal detalló que el juicio iniciará el 3 de agosto y demoraría dos meses en terminar. Se juzgarán en esta primera etapa a 10 de los 56 acusados en este caso, entre los que está el artista de música urbana, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez.

Además, se informó la posibilidad de que alguno de los que se han identificado para esta primera etapa del juicio se declare culpable bajo algún acuerdo con la Fiscalía federal. Pero, se advirtió que las negociaciones culminarán este próximo 30 de abril “para poder concentrarse en los preparativos del juicio”.

“Los Estados Unidos, (representada por la Fiscalía federal), solicitan que el Tribunal emita una Orden que establezca la composición del grupo de juicio para el juicio programado para el 3 de agosto de 2026, que consistirá en los cinco (5) acusados imputados en el cargo nueve (asesinato en el marco del narcotráfico) y los primeros cinco en el orden de la acusación formal. El Gobierno solicita además que, si los acusados ​​de este grupo de juicio presentan mociones de cambio de declaración de culpabilidad después de la fijación del grupo de juicio, no se traslade a ningún otro acusado al grupo de juicio establecido por el Tribunal para el juicio del 3 de agosto de 2026”, indica el documento, presentado ayer, viernes.

Según establece la solicitud, además de CDobleta, las otras personas a ser juzgadas para este primer juicio son Víctor J. Pérez Fernández, David A. Isaac Febus, Jan C. Dalmau Román, Charlie J. Dalmau Román, Luis R. Perez Vizcarrondo, Samuel Santiago Delgado, Andyel González Sáez, Olvin O’neill Concepcion Tapia, y Daniel J. López Vega.

El resumen provisto por la Fiscalía en el documento establece que este grupo está acusado de “conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, complicidad en delitos relacionados con sustancias controladas y complicidad en la posesión de armas de fuego para facilitar dichos delitos de drogas”.

Se destaca que, a cinco de los coacusados, específicamente CDobleta, Pérez Fernández, González Sáez, Concepcion Tapia, y López Vega están imputados por la muerte del policía, registrada en horas de la madrugada del 29 de marzo de 2024, cuando el agente salió de trabajar y conducía en su vehículo personal por la avenida Román Baldorioty de Castro, en Carolina. Este observó a varias personas transitando y disparando, por lo que decidió perseguirlos y notificarlo a sus compañeros de la Policía. En la persecución, murió baleado.

Este grupo iba a ser juzgado bajo la pena de muerte. Pero, el pasado 10 de abril la Fiscalía presentó un documento para establecer que no solicitaría el proceso.

Ahora, durante el juicio, “el gobierno (la Fiscalía) presentará dos tipos de evidencia. El primero se referirá a los hechos relacionados con el funcionamiento de la organización dedicada al narcotráfico en general. Por ejemplo, el gobierno presentará el testimonio de testigos colaboradores, compras encubiertas de sustancias controladas, arrestos e intervenciones en lugares controlados por la organización, y evidencia electrónica relacionada con la afiliación a pandillas, asociación y posesión de armas y drogas, entre otras evidencias”, dice la solicitud.

Añade que “el segundo tipo de evidencia será específico de la participación de cada acusado en la conspiración. Por ejemplo, el gobierno presentará evidencia de intervenciones de los acusados ​​en juicio en los lugares controlados por la organización. Algunas de estas intervenciones son arrestos de un acusado en particular en áreas controladas por la organización. El gobierno también puede presentar pruebas, como fotografías de armas de fuego obtenidas del teléfono de un acusado en particular, mensajes entre miembros de la pandilla, fotos que muestren la asociación y otros tipos de pruebas más individualizadas. Esto servirá para un doble propósito: probar la existencia de la conspiración y un conjunto y de la participación específica de un acusado en el mismo. Dependiendo de quién esté siendo juzgado, el gobierno seleccionará qué hechos presentar”.

Además, se informa que “el gobierno presentará pruebas del asesinato de Ramos Vélez contra todos los acusados ​​en la acusación formal que procedan a juicio. Este asesinato es parte integral de la conspiración imputada, y todos los miembros de la conspiración son responsables de los actos violentos de sus co-conspiradores”.

Se explicó en el documento judicial que se determinó unir a los líderes de la organización con los imputados del crimen del agente, ya que la jueza federal Maria Antongiorgi Jordán fue la que pidió separar los juicios entre 10 acusados. Es que en total hay 56 acusados, parte de los cuales se han declarado culpable.

“Dada la complejidad de probar el funcionamiento de la organización de narcotráfico y vincular a cada acusado con dicha organización, el gobierno prevé que el juicio durará aproximadamente ocho semanas”, se informó.

En la solicitud, se le pidió a la jueza que establezca si acepta que se juzguen los líderes de la organización junto a los implicados del asesinato del agente. Además, se pide que no se añada a nadie más en este primer grupo a ser juzgado después del 30 de abril, ya que afectaría el proceso de preparación del juicio.

Por otro lado, la fiscal federal Laura Díaz informó en otra moción que habría una segunda inspección de la prueba a presentarse en el juicio el 12 y 13 de mayo, en la sede del Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés).