La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico presentó una demanda en el Tribunal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, en contra del contralor electoral, Walter Vélez, esto por violación al derecho a la libertad de expresión protegida en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos por prohibirle usar sus cuentas de redes sociales para hacer campaña política.

La directriz del contralor electoral sobre la separación de cuentas de candidatos en Internet

Según la demanda de 9 páginas, con fecha de ayer, se solicita a la corte federal que emita un interdicto que prohíba la entrada en vigor de esta disposición por ser inconstitucional y se reclama que el contralor electoral pague los costos del pleito.

El recurso plantea que los 78 alcaldes de Puerto Rico, la mayoría de los cuáles son parte del grupo demandante, tienen en Internet cuentas oficiales, en las que colocan información sobre los asuntos del municipio, pero además tienen cuentas personales, donde colocan lo relacionado a sus campañas políticas.

El mes pasado, Vélez emitió una carta circular en la que regula las páginas en Internet de candidatos políticos y, según la demanda, “se sale de los carriles constitucionales” cuando plantea que incluso las cuentas privadas de redes sociales caen bajo jurisdicción de su oficina y les prohíbe en esas cuentas personales colocar propaganda política, lo que es contrario a su libertad de expresión, que incluye hablar de asuntos políticos”.

“La expresión política goza de total protección bajo la Primera Enmienda”, indica la demanda.

“Los medios electrónicos son una herramienta de campaña política crucial con la que el demandado ha elegido inexplicablemente interferir en la recta final de las elecciones generales”, se agregó. “El interés público sufrirán mucho si los candidatos políticos tienen que moderar sus expresiones para ajustarse a censura y / o supervisión del gobierno”, explica el documento.

El vicepresidente de la Asociación de Alcaldes y líder de Villalba, Luis Javier Hernández, precisó que con la demanda lo que se busca expresar es que “no estamos opuestos a que (el Contralor Electoral) maneje cuentas oficiales de municipio, es que manejen cuentas personales del individuo del funcionario”. “No estamos en contra de que ellos fiscalicen y manejen con reglamento las páginas oficiales, pero las páginas personales no, porque eso es una violación a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, sostuvo.

El caso fue asignado a la sala del juez federal Gustavo Gelpí, quien emitió ayer una orden al contralor electoral a mostrar causa por la que no debe emitir el remedio solicitado por los alcaldes para mañana, viernes, 14 de agosto.

Asimismo, el contralor electoral emitió las siguientes declaraciones por escrito: “La Determinación objeto de este pleito fue emitida a base a las disposiciones de la Ley 222-2011 para asegurar el cumplimiento con la veda electoral y las disposiciones constitucionales que prohíben el uso de fondos públicos para fines privados, incluyendo campaña político partidista. Estaremos presentando ante el Tribunal nuestros planteamientos en protección del uso adecuado de los fondos públicos. Estas son las únicas declaraciones que haremos sobre este asunto”.