Tres hombres fueron acusados por un gran jurado federal, por delitos asociados a la explotación sexual de menores.

En el primero de estos casos, un individuo identificado como Cándido López Lebrón, de 59 años, fue acusado por tráfico sexual de menores.  De acuerdo con la investigación, realizada por el Servicio de Investigación de la Guardia Costera de los Estados Unidos (CGIS), en colaboración con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, desde noviembre del 2022 hasta diciembre del 2023, López Lebrón, a sabiendas y afectando el comercio interestatal, reclutó, atrajo, albergó y transportó a una menor de entre 11 y 12 años de edad, a sabiendas y con indiferencia temeraria del hecho de que la víctima femenina no había alcanzado la edad de 18 años y sería obligada a participar en un acto sexual comercial.

El acusado utilizó un teléfono móvil, así como el servicio de mensajería instantánea de Internet para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a la menor para que participara en actividades sexuales. Contra López Lebrón también se radicó un cargo por producción de material de explotación infantil y otro por recepción de material de explotación infantil.

Del comunicado no se desprende las razones por las que la Guardia Costera encabezó la pesquisa. Por ejemplo, si la menor fue transportada de otra jurisdicción local o internacional a la Isla –o por la vía marítima- o si fue esa agencia la que inicialmente advino en conocimiento de la información e inició la pesquisa.  De ser declarado culpable, López Lebron se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 15 años a cadena perpetua.  La fiscal federal adjunta Daynelle Álvarez-Lora, de la Unidad de Explotación de Menores e Inmigración, está a cargo del caso.

De otra parte, el gran jurado también presentó cargos contra Willie Torres Gerena, de 57 años y vecino de Arecibo, quien se alega transportó a una menor de 16 años, con la intención de que ésta participara en actividades sexuales.

En un caso no relacionado, agentes del FBI arrestaron a Samuel Quiñones Vargas, 55 años y de Camuy. Según la acusación, desde o alrededor de julio de 2023, hasta octubre de 2023, Quiñones-Vargas poseyó y transportó material de explotación infantil, incluida pornografía infantil de una menor que no había cumplido los 12 años de edad, en una computadora portátil y una tableta.

Torres Gerena está acusado de transporte de una menor con intención de participar en actividades sexuales delictivas. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años a cadena perpetua, seguida de un período de libertad supervisada de cinco años a cadena perpetua.

Mientras, Quiñones Vargas enfrenta cargos por transporte y posesión de material de explotación infantil. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 5 años y a una pena máxima de 20 años de prisión.