Cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 (portación y uso de armas blancas) de la Ley de Armas fueron radicados esta tarde contra Anthony Salvá Rivera de 26 años, por el crimen de su compañera de trabajo Jeniffer Michelle Maldonado Padua de 33 años, cuyo cadáver apuñalado fue encontrado anoche en un risco a orillas de un río en el kilómetro 62 de la carretera PR-123, del barrio Río Abajo.

La jueza Welda Rivera, del Tribunal de Utuado, determinó causa para arresto señalándole una fianza de $2 millones la cual no prestó por lo que será ingresado en prisión.

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El caso fue consultado con el fiscal Yussel Santiago Rodríguez.

Salvá Rivera, quien llevaba apenas tres semanas trabajando en la Planta Central Hidroeléctrica en el lago Dos Bocas, en Arecibo, le informó falsamente a su supervisor de la compañía Bridge Security Services que Maldonado Padua fue secuestrada ayer poco antes de las 6:00 a.m. en el estacionamiento de la planta.

A esa hora, la empleada llegó en su vehículo marca Kia Rio, color gris y del año 2018, para relevar a Salvá Rivera y se presume que surgió una discusión por motivos que se desconocen y la obligó a abordar su vehículo Toyota Corolla, color verde oscuro, modelo del 2001 al 2002.

En el interior de su carro la mujer dejó una cartera, llaves en el encendido, su teléfono celular y una bolsa de papel con su desayuno.

A eso de las 7:00 a.m. es que él llamó para notificar que un hombre que viajaba a bordo de un automóvil color negro la obligó a montarse y que no entró a su turno de trabajo.

Debido a estas alegaciones comenzaron los interrogatorios porque era el único testigo de los hechos, que resultaron ser falsos. Según avanzaron las horas y se amplió la pesquisa la evidencia los investigadores se percataron que les mintió y lo confrontaron hasta que los llevó a la escena.

“Tenía heridas de arma blanca, golpes en el área de cabeza, del ojo derecho, de verdad que tenía más de 15 puñaladas”, reveló el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, superintendente auxiliar de Investigaciones Criminales, quien está a cargo de la supervisión de la pesquisa.

En un zafacón exterior aledaño al residencial Fernando Luis García en Utuado, donde reside, se recuperó ropa ensangrentada que se presume le pertenece al sospechoso para su análisis de ADN.

Hasta el presente, no se ha encontrado evidencia de que hubiese una relación entre los dos guardias de seguridad.

“Nadie, ni siquiera él ha dicho que tuvieran una relación. No sabemos qué lo motivó a hacer esto, porque simplemente él habla que tuvo una discusión con ella y no hay testigos y él lo que llevaba era apenas una semana trabajando allí”, comentó el teniente Carlos Vélez, director interino del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.

Tampoco en esta etapa preliminar de la pesquisa se configuró el delito de secuestro.

Se espera por los resultados del “rape kit” que analiza el Instituto de Ciencias Forenses para confirmar o descartar si la mujer fue víctima de agresión sexual debido a los antecedentes penales del detenido.

“Si aquí ha habido algún tipo de violación eso en el examen forense también nos lo dirá si ocurrió en efecto o no”, aseveró Rivera Miranda, quien aclaró que podrían radicarle nuevos cargos posteriormente por otros delitos.

Salvá Rivera, para el mes de junio del 2019, fue acusado por cargos de agresión sexual contra una adolescente, escalamiento agravado, daños y amenaza, pero en la etapa de juicio por jurado solo fue declarado culpable por el delito de escalamiento.

“El sale bien en los delitos de violación y sodomía en ese juicio por jurado, pero es encontrado culpable por el escalamiento y posterior a ello tuvo un caso de exposiciones deshonestas donde también salió culpable”, subrayó Rivera Miranda.

No obstante, el presidente y propietario de la empresa Bridge Security Services, Roque Rosario, aseguró este fue reclutado hace tres semanas con un récord negativo de antecedentes penales y otro de la Ley 300 de Verificación de Historial Delictivo de Proveedores de Servicios de Ciudadano a Niños y Envejecientes de Puerto Rico, para la prevención del maltrato físico o abuso sexual de estas poblaciones.

Agregó que, durante el día de hoy volvió a solicitar su certificado de antecedentes penales al Negociado de la Policía de Puerto Rico y al igual que hace tres semanas, fue expedido sin problemas.

“En mi compañía yo no acepto a nadie sin el certificado de antecedentes penales, o sea yo tengo un certificado de antecedentes penales del caballero negativo expedido por la Policía de Puerto Rico. Tengo otra certificación de ofensores sexuales negativo de la Policía de Puerto Rico, está negativo. Realmente, es lamentable, yo le doy mis condolencias a la familia, pero el muchacho pasó una entrevista de trabajo, tiene 26 años, cuerdo”, comentó Rosario.

Por su parte, Rivera Miranda, dijo que se dispone a investigar las razones por las cuales Salvá Rivera aparece sin antecedentes penales y nunca estuvo en el Registro de Ofensores Sexuales, tras la determinación de causa para arresto, donde tendría que estar por un período de 10 años.

Anthony Salvá Rivera, fue acusado en el 2019 por cargos de exposiones deshonestas, agresión sexual, escalamiento agravado, daños y amenaza, pero solo se sostuvo en el tribunal el cargo por escalamiento.
Anthony Salvá Rivera, fue acusado en el 2019 por cargos de exposiones deshonestas, agresión sexual, escalamiento agravado, daños y amenaza, pero solo se sostuvo en el tribunal el cargo por escalamiento. (Suministrada )

“Para poder empezar a trabajar él tiene que someter un certificado de antecedentes penales negativo, sin eso él no puede empezar a trabajar...sí bajo la prensa me enteré que él tenía unos casos, pero como los casos fueron archivados por eso es que sigue saliendo el certificado limpio”, agregó Rosario, que explicó que se le entregó toda la documentación incluyendo una carta certificando que había sido empleado para que iniciara los trámites para solicitar la licencia de guardia de seguridad.

Tener una plaza de trabajo es un requisito previo a solicitar la licencia de guardia de seguridad.

Durante su corta carrera en la empresa, dijo que en ningún momento sus supervisores notificaron sobre algún incidente ente ambos empleados.

“Él llevaba tres semanas en la empresa, en esas tres semanas puedo decir que no llegó nunca tarde y ni se ausentó. Yo tengo supervisores las 24 horas y los supervisores todos los días están a los dos turnos de ella y de él y al día de hoy ni de parte de él ni de parte de ella yo tengo una querella de que haya pasado algo. Siempre hubo un acuerdo cordial de trabajo y por lo menos de mi parte ningún supervisor me notificó nada”, sentenció el propietario de la compañía.

Mientras que, el director de la División de Expedición de Licencia de Seguridad, teniente Héctor Medina Delgado, asignó al agente José Maldonado para que realice una investigación a fondo. Rosario confirmó que durante la tarde de hoy recibió una visita y entregó los documentos requeridos.

Maldonado Padua es la vigésima sexta mujer asesinada en lo que va de año.