A días de que la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitara que se anule el memorando de sentencia presentado por la Fiscalía federal y en el que se pide en su contra un año de cárcel, otro de los coacusados del caso, el exagente federal Mark Rossini, también ha levantado bandera sobre las pretensiones que se tiene en contra de su sentencia.

En una moción en el que objeta el informe presentencia que se presentó en su contra, Rossini estipula que dicho documento, “tal como está redactado actualmente, sobrepone la especulación a los rumores, importa relatos no adoptados de otros acusados ​​y transforma un caso de delito menor en algo que no es: un referéndum multiusos sobre acontecimientos políticos más amplios”.

Señala que se le imputa una “conspiración”, que representaría un delito grave. No obstante, destaca que el acuerdo de culpabilidad fue por un delito menos grave en violación a las leyes electorales.

“El señor Rossini no fue acusado ni condenado por conspiración, y la información por la que se declaró culpable limita el delito al período comprendido entre marzo y junio de 2020. La recapitulación del informe sobre la amplia historia política de 2019 y principios de 2020 —incluyendo protestas masivas, renuncias y dinámicas de campaña— queda completamente fuera de estas fechas vinculantes”, se expone en una parte de la moción, presentado por sus abogados Lydia Lizarribar Masini, Michael B. Nadler y Juan J. Michelen.

El documento se presentó en la tarde de ayer, viernes.

Ayer mismo, de hecho, la jueza federal Silvia Carreño Coll, quien tendrá la misión de emitir las sentencias de Rossini, Vázquez Garced y el tercero de los coacudos, Julio Herrera Velutini, el próximo 29 de enero, dio a la Fiscalía federal para este próximo martes para atender quejas similares presentadas por la exgobernadora sobre los documentos que se radicaron para que sea sentenciada.

Vázquez Garced expone que la Fiscalía federal ha pretendido usar un caso que fue desestimado para que se le imponga la pena mayor.

La defensa de la exgobernadora, compuesta por los abogados Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata, expuso en su moción que “el gobierno, (representado por la Fiscalía federal), ha incumplido el acuerdo de culpabilidad de cinco maneras independientes. Si bien técnicamente recomienda una sentencia dentro del rango estipulado de seis a 12 meses, el Memorando de Sentencia del Gobierno busca justificar la pena máxima legal de prisión (de un año) incorporando acusaciones de soborno y corrupción de la acusación desestimada”.

El grupo fue acusado en agosto de 2022 de un caso de corrupción pública.

La acusación federal contra Vázquez Garced exponía que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Pero, en verano pasado se llevaron conversaciones entre los acusados con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la capital federal. Allí se acordó que el trío se declararía culpable de una violación menos grave al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Rossini expone, sin embargo, que en el informe presentencia se le ha tratado como un “consultor político”. Se alude en el escrito que la realidad fue que Herrera Velutini lo contrató como exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para actuar como enlace con la agencia federal en torno a unos “asuntos de corrupción relacionados con la OCIF”.

Asimismo, explica que se le han introducido en su informe presentencia alegatos de otros dos acusados, Frances Díaz, presidenta del banco de Herrera Velutini, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, con la intención de “oscurecer los hechos o desviar la culpa”.

Díaz y Blakeman hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.