El 10 de mayo de 2016 es la fecha tentativa para el inicio del juicio contra el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Javier Hernández Pérez y los nueve coacusados por corrupción gubernamental.

Así lo pautó el juez federal que presidirá el caso, Pedro A. Delgado, quien emitió una orden con el itinerario de cómo procederá el caso.

El juez señaló el 10 de mayo como el día en que se comenzará a escoger el jurado, proceso que estará a cargo por parte de un magistrado federal. Indicó que ese día procederá con el juicio contra los primeros cuatro acusados.

El 19 de enero está señalada como la fecha límite para que los fiscales Timothy Henwood y José Capó Iriarte entreguen el descubrimiento de prueba a los abogados de los acusados, y la defensa tendrá que hacer lo propio 20 días después.

Los acusados que deseen llegar a acuerdos con la Fiscalía y hacer alegación de culpabilidad tendrán para hacerlo hasta el 15 de abril. El 22 de abril, las partes deben entregar sus sugerencias para instrucciones al jurado y el 29 de abril sería la conferencia con antelación al juicio, determinó el juez.

Hernández Pérez y los demás coacusados fueron arrestados el 3 de diciembre pasado por un esquema de fraude de $2 millones.

Según el pliego acusatorio, el amigo del gobernador Alejandro García Padilla y de su hermano Luis "Jerry" García Padilla enviaba recomendaciones de personas para ciertas posiciones, y luego creó varias empresas para obtener contratos gubernamentales. Mientras, hacía regalos -que llevaba apuntados en un récord- a las funcionarias para asegurar los contratos. Los regalos consistían en carteras de diseñador, boletos de conciertos y cenas en restaurantes lujosos.

Los demás acusados en este caso son la exjefa de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López Martínez, quien estaba destacada en la Oficina de Servicio de Ayuda al Ciudadano en La Fortaleza al momento de los arrestos; la directora de la División de Compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia M. Barreto Colón; la vicepresidenta de la AAA, Ivonne Marie Falcón Nieves; su hermana Marielis Falcón Nieves.

El resto de los acusados con el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier Eduardo González Calderón; su ayudante Glenn Omar Rivera Pizarro; el director de informática y tecnología de la Cámara, Víctor Rafael Burgos Cotto; y los empresarios de JM Profesional (sic) & Training Group, Javier Muñiz Álvarez y Carlos Francisco Luna Cruz.

Enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude a programas federales por soborno, conspiración para privar a Puerto Rico de los servicios honestos de funcionarios públicos por medio de fraude electrónico, cargos sustantivos de fraude electrónico, extorsión, conspiración de lavado de dinero, declaraciones falsas ante un gran jurado, obstrucción a la justicia y conspiración de fraude electrónico para privar al gobierno de Puerto Rico de dinero y propiedad. 

Incluye un cargo por confiscación por el dinero producto de estos esquemas, que incluye la mansión de $4 millones de Hernández Pérez en Aguadilla.