El fiscal José Capó Iriarte solicitó mediante una moción que se emitiera una notificación cautelar al Registro de la Propiedad relacionado a la mansión del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) para hacer la notificación formalmente. 

Se detalla que la residencia -valorada en $4 millones y que el acusado puso a la venta previo a ser acusado- ubica en el barrio Borinquen en Aguadilla, en el solar número cuatro, que colinda con el Océano Atlántico y está en un solar de 1425.1191 metros cuadrados. Los dueños registrados son Hernández Pérez y su esposa Verónica Ponce Peña.

El juez también aprobó una moción del fiscal para emitir una orden de protección en relación a la evidencia en el caso contra Hernández Pérez y otros nueve acusados para que no se divulgue la prueba, y que la defensa la devuelva una vez termine el caso.

Capó solicitó que se emita una orden de protección de la prueba porque contiene "información sensitiva", como es usual en estos casos.

La orden indica que próximamente comenzará el proceso de descubrimiento de prueba, cuando le entregarán la evidencia a los abogados, pero que esta cuenta con datos personales como números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, récords financieros personales y de corporaciones, correos electrónicos con información personal, récords telefónicos y mensajes de texto, documentos confidenciales de corporaciones y reportes de entrevistas a potenciales testigos con información personal sensitiva.

Capó Iriarte recalcó que el material no debe ser provisto a terceras personas no asociadas con la defensa del caso o usadas con otro propósito que no sea relacionado a los procesos, y fue más allá al solicitar que una vez termine el proceso, ya sea a nivel de distrito o apelativo, los abogados devuelvan el material a la Fiscalía federal.

"Que certifiquen a la corte que no sacaron copias y se hayan quedado con material, ni ha sido discutido o entregado a terceras personas, a menos que la corte lo autorice", lee la moción.

Además de Hernández Pérez, quien es amigo del gobernador Alejandro García Padilla y de su hermano Luis Gerardo, fueron acusados la exadministradora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López Martínez, quien estaba en destaque en la Oficina de Ayuda del Ciudadano en Fortaleza al momento de su arresto; la directora de compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia M. Barreto Colón; la vicepresidenta de la AAA, Ivonne Marie Falcón Nieves y su hermana Marielis Falcón Nieves.

También han sido acusados el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón; su ayudante, Glenn Omar Rivera Pizarro; el director de tecnología de la Cámara, Víctor Rafael Burgos Cotto y los empresarios de JM Profesional (sic) & Training Group, Carlos Francisco Luna Cruz y Javier Alexis Muñiz Álvarez.

Este último continúa sumariado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo. El juez evalúa aún si le concede libertad bajo fianza.

Todos fueron arrestados el 3 de diciembre pasado y se declararon no culpables de los cargos que enfrentan, que son conspiración para cometer fraude a programas federales por sobornos, conspiración para privar a Puerto Rico de los servicios honestos de funcionarios por medio de fraude electrónico, cargos sustantivos de fraude electrónico, extorsión, conspiración para cometer lavado de dinero; emitir declaraciones falsas ante un gran jurado, obstrucción a la justicia y conspiración de fraude electrónico para privar al gobierno de Puerto Rico de dinero y propiedad.