Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, el 11 de agosto de 2025, regresó hoy al Tribunal de Primera Instancia de Aibonito donde continuó con el proceso de selección del jurado a menos de 24 horas solo horas de que su madre, Elvia Cabrera Rivera, haya sido encontrada culpable por un jurado en los mismos cargos.

El proceso de la desinsaculación se lleva a cabo en la sala del juez Juan A. Reyes Colón, en el Tribunal de Aibonito, donde se juramentó a seis paneles adicionales de potenciales testigos.

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Avilés Cabrera, que para la fecha de los hechos era menor de edad es juzgada como adulta en medio de señalamientos de su defensa cuestionando su procesabilidad.

El 22 de julio, el juez emitió una orden de mordaza, en momentos en que el jurado del juicio por jurado de la coacusada Elvia Cabrera Rivera había sido secuestrado y se aprestaba a emitir su veredicto, el cual finalmente fue de culpabilidad en los cargos de asesinato en primer grado y por la portación y uso de armas blancas.

“Tomando en consideración la etapa procesal en los casos de autos y en atención al alto interés público que este ha permeado en la sociedad y los medios de comunicación, este Tribunal le Ordena al Ministerio Público, a la defensa y sus testigos; a no comentar, opinar y hacer expresiones extrajudicialmente sobre la prueba y los acontecimientos judiciales”.

En el documento judicial aclaró que la orden no prohíbe a las partes proveer información sobre el calendario, el contenido de las mociones, trámite o resolución.

Se les apercibió que el incumplimiento de lo anterior estaría sujeto a la pena de desacato.

“La Orden antes dispuesta, es el resultado de haber ponderado el balance de intereses constitucionales de las partes, como el derecho a la libre expresión y el debido proceso de ley. Concluimos que, de no tomarse esta estricta medida, pudiese provocar perjuicio al jurado, en contra de los derechos de las partes y la sana administración de la justicia, cuyo norte es garantizar un juicio justo e imparcial”.

Por su parte, el exfiscal Orlando Velázquez Reyes, cuya renuncia al Departamento de Justicia (DJ) fue dada a conocer el 7 de abril siendo efectiva el 30 de abril, expresó en varias entrevistas de televisión que se retiró antes de tiempo por situaciones con la agencia.

Sobre el veredicto de culpabilidad emitido contra Cabrera Rivera, sostuvo que le molestó las expresiones del superintendente Jospeh González Falcón, elogiando la labor de los investigadores cuando considera que el veredicto se logró de manera rápida por los testigos que declararon ya que “hubo deficiencias en el trabajo de la Policía”.

Confirmó que intentó establecer un acuerdo sustancial con la licenciada Mayra López Mulero con una pena mixta de cárcel y probatoria, pero la subsecretaria le comunicó que no había sido autorizada.

Velázquez Reyes, sostuvo que también le había pedido al DJ que asignara más fiscales al caso ya que él y la licenciada Silda M. Rubio Barreto eran los únicos a cargo de ver los dos casos de madre e hija, que estaban separados y se le denegó la solicitud lo que interpretó como una falta de sensibilidad. A su salida, recordó que nombraron a tres más.