La rectora de la Universidad de Puerto Rico en Ponce (UPRP), Dra. Tessie Cruz, advirtió mediante comunicado de prensa que la determinación de decretar un paro en una asamblea donde votaron solo 37 estudiantes es contraria a la reglamentación universitaria.

“Estamos en la mejor disposición de escucharlos y atender sus reclamos. Pero este paro se decretó en una asamblea extraordinaria cuya participación no fue representativa del sentir de la mayoría del estudiantado. La misma estuvo basada en la deliberación  de 37 estudiantes: 22 votos a favor y 15 en contra en el contexto de una población estudiantil de 2,498 alumnos. Esto es contrario al Reglamento. Les solicito que piensen en el daño que esto ocasiona a nuestra institución y nos sentemos a dialogar”, expresó la Dra.

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Ponce decretaron el martes un paro de 72 horas, y al menos ayer continuaban en paro pese a que otros alumnos recogieron firmas para derogar la decisión tomada en la Asamblea Extraordinaria del Consejo de General de Estudiantes (CGE).

La manifestación es en rechazo a la nueva política de ayudas económicas de la institución que elimina las exenciones de matrícula y a la vez, impulsa un plan de apoyo para estudiantes con necesidad económica o talentosos.

En su comunicado de prensa, Cruz exhortó al Consejo de General de Estudiantes de Ponce a dialogar para atender sus preocupaciones sobre el nuevo modelo de ayudas económicas.

Afirmó que se reunió con los representantes del Consejo General de Estudiantes al concluir la asamblea y, en horas de la noche, con el representante estudiantil ante la Junta de Gobierno, Jorge Rivera.

El paro, dijo, “pondría en riesgo la acreditación, el recibo de fondos federales y la permanencia del recinto nuevamente, y podría provocar una disminución drástica en el número de estudiantes, pues daña la imagen institucional y el reclutamiento. Además, afectaría el pago del salario a nuestro personal, quienes se exponen a un descuento de nómina”, indicó la Rectora. 

Según dispone la Opinión de la Secretaria de Justicia del 23 de mayo de 2017, según le fuera consultada por la Contralora de Puerto Rico (A-128-7), sobre el conflicto huelgario decretado el 28 de marzo de 2017,   “… no se justifica el pago con fondos públicos por servicios no prestados, máxime cuando la paralización de labores se debe a una huelga no reconocida en ley.”  “Es contrario a ley, a la constitución y al orden publico el pago a empleado o funcionario de la UPR por tiempo que no se trabaje.”

Ayer el presidente, Dr. Jorge Haddock, acudió al Recinto junto al vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, Dr. José Perdomo, pero los representantes del Consejo General de Estudiantes no accedieron a reunirse con estos en el Recinto. El Presidente de la UPR convocó a una reunión con todos los presidentes de consejos generales de estudiantes. La Dra. Cruz espera dialogar hoy con los representantes estudiantiles para atender sus inquietudes. Esta versión es distinta a la que proveyeron ayer los estudiantes, quealegaban que esperaron al presidente en los portones del campus, pero que este se mantuvo en el estacionamiento de un centro comercial, por alegadas preocupaciones de seguridad.

Por otra parte, la rectora indicó que “hemos recibido comunicaciones de un número considerable de estudiantes que han expresado su oposición a dicho paro.  Además, solicitan realizar una nueva asamblea con la notificación de tiempo razonable para una mayor participación estudiantil.  Como Rectora tengo que asegurar la educación de los 2, 498 estudiantes que conforman esta comunidad; por tanto, hago un llamado al diálogo y puntualizo que el Reglamento General de Estudiantes,  expone que el derecho fundamental del estudiante universitario en la comunidad académica es el derecho a educarse.  Es mi deber velar por el cumplimiento de lo que es la misión institucional.  Obstaculizar las tareas y actividades, así como obstaculizar el libre acceso a las instalaciones no abonan al diálogo abierto y a la consecución de la razón de ser nuestra Universidad.

“Necesitamos los portones abiertos y la Universidad operando; ese es nuestro compromiso con nuestros estudiantes y con la misión institucional. Confiamos en la prudencia de los miembros del Consejo General de Estudiantes para respetar la divergencia de opinión nuestros reglamentos.  Esto pone en riesgo la acreditación y la permanencia del Recinto. Confío que la normalidad   institucional   impere en  nuestra Universidad”, concluyó.