Una investigación federal liderada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) destapó un tráfico masivo de cocaína a través del aeropuerto Luis Muñoz Marín, que desde al menos 2018 burlaba los altos controles de seguridad con maletas con droga ya preempaquetada y pasajeros que fungían como mulas.

Diecisiete presuntos integrantes de esta operación ilegal —en su mayoría mujeres— fueron acusados en tres casos separados por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, según informaron las autoridades federales en una conferencia de prensa.

En la investigación “se identificaron unas organizaciones con base en el área metropolitana -Cataño, Carolina y San Juan-, con vínculos en otras ciudades en Estados Unidos, como Florida, Massachusetts, Nueva York, New Jersey, Connecticut y Pensilvania”, explicó Rebecca González, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico.

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“La investigación permitió descubrir una red con capacidad de traficar más de 3,200 kilogramos de cocaína con un valor local estimado en $27 millones y de lavar sus ganancias con la posibilidad de duplicar ese valor”, agregó.

Para ponerlo en perspectiva, 3,200 kilogramos de cocaína equivalen aproximadamente a 7,055 libras, el peso promedio combinado de más de 100 personas adultas.

El primer caso

El primer caso acusa a Kristian Yadiel Falcón López, Chazz David Carter Justiniano y Natalia Díaz García por conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína.

Falcón López y Carter Justiniano también enfrentan cargos por conspiración para lavar instrumentos monetarios relacionados con las ganancias de sus actividades de narcotráfico.

José Rivera, portavoz de la TSA en la conferencia de prensa, afirmó: “No puedo entrar en los detalles técnicos en cuanto a las capacidades de TSA; entraría en información sensitiva. Lo que sí puedo reiterar es que cuando nosotros encontramos alguna actividad criminal, lo referimos a las autoridades pertinentes”.
José Rivera, portavoz de la TSA en la conferencia de prensa, afirmó: “No puedo entrar en los detalles técnicos en cuanto a las capacidades de TSA; entraría en información sensitiva. Lo que sí puedo reiterar es que cuando nosotros encontramos alguna actividad criminal, lo referimos a las autoridades pertinentes”. (David Villafañe Ramos)

Se alega que desde al menos el 2023, Falcón López compraba vuelos para las mulas y les daba tarjetas de regalos para sus gastos, según explicó el fiscal Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

Falcón López, además, presuntamente proveía transportación al aeropuerto, maletas con cocaína y la etiqueta del Departamento de Agricultura federal que se requiere para viajar desde la isla. Una vez el equipaje llegaba a los Estados Unidos, era entregado a Carter Justiniano.

“No voy a entrar en todos los detalles sobre las diferentes maneras de cómo funcionaba eso, pero una forma es, por ejemplo, se puede pasar una maleta con ropa, conseguir el ticket de Agricultura, y después hacer un cambio, saca eso y lo pones en otra maleta y va directamente al avión con el ticket, explicó Muldrow sobre esta modalidad de narcotráfico.

Durante la investigación de este caso, los agentes confiscaron 46 kilos de cocaína el 14 de julio de 2023; 10 kilos el 18 de enero de 2024; 18 kilos el 25 de enero de 2024; y 9 kilos el 31 de enero de 2024, precisó Muldrow.

En la residencia de Falcón López, los agentes confiscaron esta mañana una pistola Glock modificada para disparar automáticamente, mencionó el fiscal federal.

El segundo caso

El segundo caso acusa a seis personas por conspiración para poseer con la intención de distribuir y para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en el aeropuerto.

Los imputados son: Jonathan Ramírez Colón, alias “Momia”; Ivelisse García Osorio; Stephanie L. Suárez Vélez; Francheska Muriel Quintana; Estephanie Torres Bosa, “Fany”; y Charitty M. Hernández Reyes.

Para ponerlo en perspectiva, 3,200 kilogramos de cocaína equivalen aproximadamente a 7,055 libras, el peso promedio combinado de más de 100 personas adultas.
Para ponerlo en perspectiva, 3,200 kilogramos de cocaína equivalen aproximadamente a 7,055 libras, el peso promedio combinado de más de 100 personas adultas. (Archivo)

Se alega que, desde al menos 2018, Ramírez Colón reclutaba mulas para enviarlas con maletas llenas de cocaína, las cuales eran registradas en el aeropuerto y transportadas hacia Estados Unidos, donde la droga era entregada a otras personas, indicó Muldrow.

El tercer caso

El tercer caso acusa a ocho personas por conspiración para poseer con la intención de distribuir y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a través del aeropuerto.

Los imputados son: Sandy L. Guardiola Bermúdez, alias “Guny”o “Mario”; Carlos Alberto Cruz Bonilla, alias “Huesito”; Onix Negrón Guerrido; Jomar Maldonado Ríos; Tanyshkaliz Archilla Rivera, alias “Tany”; Yarauni Nieves Rivera; Yairaliz Arzuaga Díaz; y Patricia Ayala Otero.

“La conspiración comenzó en una fecha desconocida, pero no posterior al año 2023. Los acusados eran parte de una ganga de narcotráfico compuesta por una red de reclutadores, coordinadores y transportistas que viajaban desde Puerto Rico a los Estados Unidos continentales a través de vuelos comerciales con cocaína para su distribución al por mayor, todo para obtener ganancias financieras significativas”, explicó Muldrow sobre este caso.

De los 17 acusados, cuatro permanecen fugitivos: Chazz David Carter Justiniano, Estephanie Torres Bosa, Charitty M. Hernández Reyes y Yarauni Nieves Rivera, informó Muldrow.

Entre los acusados no figuran empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), aclaró Muldrow.

José Rivera, portavoz de la TSA en la conferencia de prensa, afirmó: “No puedo entrar en los detalles técnicos en cuanto a las capacidades de TSA; entraría en información sensitiva. Lo que sí puedo reiterar es que cuando nosotros encontramos alguna actividad criminal, lo referimos a las autoridades pertinentes”.

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a penas mínimas de 10 años de prisión hasta cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas. Los acusados por lavado de dinero enfrentan una pena máxima de 20 años.

La DEA lleva estos casos con la asistencia del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, el Buró Federal de Investigaciones, la Policía de Puerto Rico y sus respectivos Equipos Tácticos e Investigativos del Aeropuerto. También colaboraron durante las investigaciones y arrestos la Policía Municipal de San Juan, la Policía Municipal de Carolina y el Departamento de Hacienda.

Los fiscales Ryan R. McCabe, María Cristina Semanaz Ojeda y Antonio J. López Rivera, de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, están a cargo del procesamiento de los casos.