La nueva acusación contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced establece que “a sabiendas e intencionadamente” aceptó un donativo político de un extranjero de una suma entre $2,000 a $25,000 durante su campaña a las primarias por la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el 2020.

Esta suma monetaria obtenida bajo una alegada violación a la ley electoral de los Estados Unidos contrasta con la presentada en la acusación original por corrupción pública, en la que se le imputó haberse beneficiado de un soborno que se cuantificó en $300,000.

Mientras, las nuevas acusaciones presentadas contra los coacusados en este caso, el banquero Julio Herrera Velutini, y el exagente federal, Mark Rossini, establecen por separado que ambos dieron donativos políticos de manera ilegal de “más de $2,000”. Sin embargo, no se fijó un límite como se hizo con la exgobernadora.

Los detalles están contenidos en el nuevo expediente que se presentó contra cada uno de los imputados. Las acusaciones están firmadas por la fiscal federal Myriam Fernández.

Estas acusaciones se presentaron luego de que los imputados lograran acuerdos de culpabilidad en conversaciones que se llevaron en la capital federal.

Todas las nuevas acusaciones están fijadas bajo la misma codificación. Se trata de violaciones al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés).

Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La Fiscalía ha adelantado que la modalidad de estos delitos es menos grave.

En las nuevas acusaciones se precisa que la pena a imponerse está contenida en la sección 31109 (d) (1) (A) (ii) de la mencionada ley. La misma establece que “cualquier persona que, a sabiendas y voluntariamente, cometa una violación de cualquier disposición de esta ley que implique la realización, recepción o declaración de cualquier contribución, donación o gasto, (ii) que sume $2,000 o más (pero menos de $25,000) durante un año calendario, será sancionada con una multa conforme a dicho título, o con una pena de prisión de no más de 1 año, o ambas.”

Habría que esperar qué estipula el acuerdo de culpabilidad alcanzado por cada uno de los acusados para conocer cuál es la recomendación de la pena que se pactó a la hora de que los imputados se deshicieran de los cargos que los pudo haber llevado a prisión por hasta 20 años y acogieran el acuerdo de culpabilidad.

Esa acusación inicial contra Vázquez Garced incluía tres cargos criminales, seis contra el banquero Herrera Velutini y tres contra el exagente federal Rossini. Específicamente, la exgobernadora fue imputada de cargos de conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico.

Se suponía que el juicio en este caso iniciara el próximo 25 de agosto, pero al alcanzar el acuerdo de culpabilidad ya no es necesario realizarlo.

La jueza federal Silvia Carreño Coll aguarda por las recomendaciones de posibles fechas de la Fiscalía federal y los acusados para fijar el día de la vista de aceptación de culpabilidad en estos nuevos cargos. Es que denegó ayer, martes, la petición de que la misma se realizara de manera virtual.

Este caso se remonta a agosto de 2022, cuando un gran jurado acusó al trío. La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.