El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó hoy que tampoco resolverá la demanda interpuesta por Bernardo “Betito” Márquez, alcalde de Toa Baja por el Partido Nuevo Progresista (PNP), contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que, entre otras cosas, lo certifiquen como el candidato con “más votos” en el proceso primarista.

El evento electoral tuvo que ser pospuesto para el próximo domingo, 16 de agosto, por falta de papeletas en la mayoría de los precintos del País. La comisionada electoral del PNP, María Dolores Santiago, quien también aparece como codemandada en este caso, ha reiterado que las primarias transcurrieron con normalidad entre los precintos 1 al 26, que comprenden de San Juan a Barceloneta.

“… Ante la magnitud de las controversias planteadas en los casos mencionados y en el presente caso, entendemos que es menester de este Tribunal el abstenerse de resolver la presente disputa hasta tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico no resuelva los casos que tiene ante su consideración. La razón de nuestra decisión está basada en la prudencia que deben tener los Tribunales al resolver las controversias planteadas ante sí”, lee el documento judicial.

Cuevas Ramos -quien tomó la misma decisión en la demanda interpuesta por Palomo” Colón, aspirante a la alcaldía de San Juan por la Palma- citó las Reglas de Procedimiento Civil que buscan evitar bifurcaciones y fragmentación de los procedimientos, así como que no existan determinaciones conflictivas que puedan llevar a la confusión.

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“No existe duda de que las cuestiones planteadas en los casos citados y en este caso inciden entre sí, puesto que se tratan de la validez de los procedimientos electorales de primarias que se llevaron a cabo el pasado 9 de agosto de 2020. Por tanto, la gran importancia que tienen la controversia presente y las planteadas ante el Tribunal Supremo nos llevan a actuar con prudencia en estos momentos hasta que nuestro Máximo Foro determine el curso a seguir y este caso pueda continuar su trámite procesal”, añade la orden.

No obstante, establece que esta determinación no es un obstáculo para que el demandante radique un recurso de Certificación Intrajurisdiccional.

En la demanda –en la que también aparecen como codemandados el presidente del ente electoral, Juan Ernesto Dávila Rivera; y la secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés Carrau Martínez– solicitaba un mandamus, injunction preliminar y permanente y sentencia declaratoria.

Además, Márquez García pedía que se declarara que el proceso electoral primarista realizado en el precinto 14 de Toa Baja “se realizó conforme a la Ley y el Reglamento Aplicable”.

También solicitaba que el Tribunal declare que “los demandados no tienen autoridad legal para detener la certificación del día de la elección o primer anuncio según el conteo de los votos hasta el momento”.

Por último, “que se ordene a la CEE, y a la Comisión de Primarias del PNP cumplir con su mandato de ley y expedir los documentos que se requieren conforme al conteo de votos”.

La CEE pospuso las primarias para el próximo domingo, 16 de agosto, y pidió que los votos emitidos no fueran divulgados.

Sin embargo, hay varias demandas en el Tribunal Supremo sobre el proceso electoral, cuándo debería reanudarse y si se contarán -o no- los votos ya emitidos.