La pesquisa que inició la semana pasada el Negociado de Investigaciones de Armas de Fuego de la Policía contra Raúl (Raulie) Maldonado Nieves, a raíz de sus declaraciones en redes sociales contra la figura del gobernador Ricardo Rosselló, a quien llamó corrupto, quedó en suspenso ayer. 

“Raulie” acudió a su cita en el Cuartel General acompañado de la licenciada Mayra López Mulero, y de su padre, Raúl Maldonado Gautier, quien la semana pasada fue relevado de sus funciones como secretario del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y como principal oficial financiero del gobierno, tras denunciar “una mafia institucional”. El despido fue el detonante para que su hijo comenzara a desahogarse en las redes sociales, lo que a juicio del comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, proyectaba una posible inestabilidad emocional.

Ante la falta de un protocolo que activara este tipo de investigación, y de una certificación de un perito en conducta humana sobre la alegada inestabilidad de su cliente, la licenciada López Mulero decidió abandonar la oficina.

“Me quedo atónita que el director del Departamento de Seguridad Pública (Elmer Román) haya permitido esta patraña. Esto es una cosa inaudita que no tiene ninguna justificación y que le va a rebotar en la cara a aquellos que han propiciado este tipo de trámite para tratar de acallar la voz de gente que, lo único que han hecho, es denunciar actos ilícitos de funcionarios que forman parte de una administración que juró, y que llegó al poder, diciendo y proclamando transparencia, y jurando cero tolerancia a la corrupción”, puntualizó López Mulero. 

“Este señor está aquí como padre apoyando a su hijo, porque tiene miedo de que le hagan daño”, dijo la abogada, mientras que Maldonado Gautier sostuvo que “sabemos que tenemos al estado completo en contra nuestra, obviamente estamos tomando medidas preventivas… hemos visto estos ataques contra él (Raulie)… y hoy es él, mañana son todos ustedes”. 

De su lado, “Raulie” expresó que, aunque no siente miedo, teme por su seguridad e hizo responsable a La Fortaleza por la divulgación de sus documentos, dirección y la cantidad de armas de fuego que posee registradas a pesar de ser información que tiene una expectativa de confidencialidad.

“Creo que esto es una investigación totalmente arbitraria que no hay manera en la historia de este país que esto ocurra. ¿Por qué el listado de mis armas se hace público y se filtra desde aquí?”, expresó el excontratista gubernamental.

A su llegada a la oficina, narró López Mulero, su cliente y el licenciado Fermín Arraiza, en representación de la Unión Americana de Libertades Civiles, fueron atendidos por el agente Edgardo Díaz en presencia del director, el teniente Johnny Acevedo.

A los agentes se les solicitó que, a la luz de la información que ha trascendido públicamente, se activara un protocolo basado en la Ley de Armas de Puerto Rico para entrevistar a su cliente, el cual le admitieron que no existe. 

“Yo llevo mucho tiempo y no sabía de este protocolo, pues les digo: ‘ilústreme, enséñeme el protocolo, deme copia del protocolo para yo saber cuál es el marco legal que rige este trámite’. La respuesta fue: ‘no existe ningún protocolo’ que active una investigación pacífica que sostenga el marco jurídico al que se refiere y regula este trámite”, reveló la abogada.

Luego peticionó sin éxito al teniente Acevedo para que le entregara cualquier documento que haya sido emitido por algún experto de la conducta humana que certifique que su cliente tenía algún trastorno o desequilibrio mental, tras expresarse en las redes sociales. 

“En ese contexto se me informa que no hay ningún diagnóstico, ninguna opinión que valide esa impresión del Comisionado (Henry Escalera) que, hasta donde yo sé, no tiene ningún curso en psiquiatría y mucho menos en conducta humana”, expresó López Mulero a su salida de la oficina.