Las autoridades federales en Puerto Rico acusaron por separado a siete personas de fraude al Seguro Social y al Medicare ascendiente a $1,021,286.22, informó la Fiscalía Federal mediante un comunicado de prensa.

Los imputados fueron identificados como Sonia I. Vargas Rodríguez, quien era dueña del centro de ancianos Hogar Sendero de Amor en Mayagüez, Yahaita Cruz Cintrón, Norberto Berríos Rodríguez, Pedro Medina Medina, Luis A. Soto Torres, Marialices Cora Martínez y Janice Rodríguez Méndez.

Con respecto a Vargas Rodríguez, la Fiscalía señaló que esta no informó al Seguro Social sobre la muerte de dos personas bajo su cuidado y continuó cobrando los cheques. Mencionó que el Departamento de la Familia cerró el hogar en junio del 2014 por reclamos de negligencia y abuso.

Los cargos criminales que se presentaron contra estas personas fueron los siguientes:

Sonia I. Vargas Rodríguez

• Dos cargos de fraude electrónico por enviar transmisiones electrónicas fraudulentos al Seguro Social para los fallecidos.
• Un cargo de robo de propiedad del gobierno por recibir $114,590.40 ilegalmente del Seguro Social.

Yahaita Cruz Cintrón

• Un cargo de robo de propiedad del gobierno por recibir $196,772.75 del Seguro Social ilegalmente.
• Un cargo de declaración falsa por brindar declaraciones falsas al Seguro Social en un informe de actividad laboral. Dijo que trabajó en los Estados Unidos continentales durante ocho años, cuando la realidad era que no trabajaba.
• Un cargo de fraude en la atención médica por recibir ilegalmente $164,694.03 en pagos de Medicare.

Norberto Berríos Rodríguez

• Un cargo de robo de propiedad del gobierno por recibir $129,346.30 del Seguro Social ilegalmente.
• Un cargo de declaración falsa por proporcionar declaraciones falsas al Seguro Social en un informe de actividad laboral. Indicó que comenzó a trabajar en agosto de 2021, pero trabajaba desde antes de esa fecha.
• Un cargo de ocultamiento o falta de divulgación al Seguro Social por no revelar que estaba trabajando y continuó recibiendo los beneficios.
• Un cargo de fraude en la atención médica por recibir ilegalmente $33,608.00 en pagos de Medicare.

Pedro Medina Medina

• Un cargo de robo de propiedad del gobierno por recibir $159,254.40 del Seguro Social ilegalmente.
• Un cargo de declaración falsa por dar declaraciones falsas al Seguro Social en un informe de actividad laboral. Dijo que solo trabajó a tiempo parcial durante los años 2015 a 2017 sabiendo que trabajaba a tiempo completo desde 2009.
• Un cargo de ocultamiento o falta de divulgación al Seguro Social por no revelar que estaba trabajando y continuó recibiendo los beneficios.
• Un cargo de fraude en la atención médica por recibir ilegalmente $22,673.14 en pagos de Medicare.

Luis A. Soto Torres

• Un cargo de robo de propiedad del gobierno por malversar, robar y convertir para su propio uso $122,483.90 del Seguro Social a sabiendas que no tenía derecho.

Marialices Cora Martínez

• Un cargo de robo de propiedad del gobierno por malversar, robar y convertir para su propio uso $59,079.30 del Seguro Social a sabiendas de que no tenía derecho.

Janice Rodríguez Méndez

• Un cargo de robo de propiedad del gobierno por malversar, robar y convertir para su propio uso $18,784.00 del Seguro Social a sabiendas de que no tenía derecho.

Si son declarados culpables, los imputados enfrentan 10 años de prisión por robo de propiedad del gobierno y fraude en la atención médica; cinco años de cárcel por declaraciones falsas y encubrimiento o falta de divulgación; y 20 años de prisión por fraude electrónico.

“Los siete acusados arrestados ayer robaron miles de dólares en beneficios del Seguro Social que no les pertenecían, le robaron al gobierno, a las víctimas e incluso a las víctimas que habían fallecido. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de llevar ante la justicia a personas sin escrúpulos que ilegalmente buscan ganancias financieras personales”, expresó Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

La Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Buró Federal de Investigaciones y el Negociado de la Policía de Puerto Rico colaboraron en las investigaciones.

La fiscal federal Vanessa D. Bonano Rodríguez quedó a cargo de procesar los casos.