Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) le echaron el guante ayer a un vecino de Caguas contra el que pesan cargos por explotación sexual de menores, recepción y posesión de material de explotación sexual infantil y transferencia de material obsceno a un menor.

El imputado fue identificado como Joseph Cruz Santiago, de 32 años. Los hechos por los que Cruz Santiago fue acusado alegadamente ocurrieron entre los meses de diciembre a febrero.

Según los documentos judiciales, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, Cruz-Santiago utilizó un teléfono móvil, servicios de mensajería instantánea en línea y redes sociales para persuadir, inducir, incitar y coaccionar a una menor de 11 años y a otra de entre 11 y 12 años para que mantuvieran relaciones sexuales. El acusado produjo imágenes sexualmente explícitas de dicha conducta. Cruz-Santiago también se enfrenta a cargos por la recepción de material de explotación infantil y por utilizar Internet para transferir a sabiendas material obsceno a ambas víctimas menores de edad.

Se alega además que entre el 13 de julio del año pasado y el 2 de julio de este año, Cruz Santiago poseyó y accedió pornografía infantil en línea, incluyendo contenido de menores de 12 años de edad.

De ser hallado culpable, Cruz Santiago enfrenta penas que van de los 15 a 30 años por explotación sexual de menores, de 10 años a cadena perpetuas por los cargos de seducción de menores, entre cinco a 20 años por la posesión de material de explotación infantil y hasta10 años de cárcel por la transferencia de material obsceno a un menor. Cada una de estas penas estaría seguido por un periodo de cinco años de libertad supervisada.

En declaraciones escritas, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen W. Muldrow sostuvo que su oficina seguirá dando prioridad a los casos que involucran a depredadores sexuales de menores. “No descansaremos hasta que los autores de estos crímenes atroces sean llevados ante la justicia”, sentenció Mludrow.

La fiscal federal Emelina M. Agrait-Barreto, de la Unidad de Delitos contra Menores, Trata de Personas e Inmigración está a cargo del caso.