El Departamento de Justicia radicó 39 denuncias y luego el tribunal impuso una fianza millonaria contra tres hombres imputados de asesinar al coronel de la Policía, Eddie Santiago Rentas, durante una operación encubierta en Ponce.

Según informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, a través de una comunicación escrita, contra cada uno de los imputados, identificados como Noe Manuel Torres Santiago, José Ángel Colón Arroyo y Efrén Coimbre Lugo, se presentaron 13 cargos por los delitos de asesinato al perpetrar el delito de robo, tentativa de asesinato al perpetrar el delito de robo contra, y violaciones a la Ley de Armas.

Los acusados también enfrentan un cargo por actuar en concierto y común acuerdo.

Tras la radicación de cargos y la presentación de la prueba, la jueza Shakira Lebrón Muñoz, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra los tres imputados y les impuso una fianza de $2.8 millones a cada uno, para un total de $8.4 millones.

“La muerte del agente Eddie Santiago Renta, ocurrida mientras cumplía con su deber, no solo representa la pérdida de un servidor público, sino una herida para toda la familia de la Policía de Puerto Rico que arriesga su vida por la seguridad de nuestra isla. Desde el Ministerio Público hemos conducido una investigación rigurosa y responsable, y así mismo sostendremos este proceso en los tribunales”, resaltó la secretaria Gómez Torres.

“A su familia, a sus compañeros y al pueblo de Puerto Rico, les reitero nuestro compromiso inquebrantable de hacerle justicia, con firmeza, sensibilidad y estricto apego a la ley”, agregó la funcionaria.

“Agradezco profundamente la labor incansable de nuestros agentes investigadores, así como el respaldo y la colaboración de las agencias federales. Este resultado es reflejo del trabajo conjunto que realizamos todos los días para proteger a nuestro pueblo. A todos nuestros policías activos, les reitero que luchamos por ustedes en vida y también cuando la entregan en nombre de la seguridad y del pueblo de Puerto Rico. Nuestra responsabilidad es honrar su servicio con acciones concretas y con justicia”, dijo por su parte el superintendente de la Policía, Joseph González.

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Santiago Rentas participaba en una operación encubierta de la División de Drogas en Ponce, vinculada a una transacción ilegal de armas el pasado 10 de abril, cuando intervino para proteger a un agente encubierto que realizaba la compra como parte de la investigación, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el que resultó mortalmente herido.

No quedará impune

Por su parte, el superintentendente de la Policía, Joseph González Falcón, reaccionó a la radicación de cargos contra los tres imputados al afirmar que se trata de un paso firme en la búsqueda de justicia para Santiago Renta, quien dio su vida en el cumplimiento del deber.

“Agradezco profundamente la labor incansable de nuestros agentes investigadores que han laborado sin descanso, así como el respaldo y la colaboración de las agencias federales. Este resultado es reflejo del trabajo conjunto que realizamos todos los días para hacer justicia y proteger a nuestra gente”, expresó por escrito González Falcón.

Se reafirmó en su compromiso en defensa de los policías para impulsar mejores condiciones de trabajo, herramientas adecuadas y el reconocimiento que merecen, mientras los agentes esperan por un aumento salarial y mejores beneficios.

“A todos nuestros policías activos, les reitero que luchamos por ustedes en vida y también cuando la entregan en nombre de la seguridad y del pueblo de Puerto Rico. Esa es nuestra responsabilidad y no vamos a fallar.”

Rememoró que Santiago Renta fue un líder comprometido, respetado por sus compañeros y dedicado a servir con valentía y sentido de responsabilidad al pueblo de Puerto Rico.

“Extendemos nuestro abrazo solidario a su familia, en especial a su padre, el comandante retirado Eddie Santiago, quien conoce de primera mano el significado del deber y el sacrificio que conlleva vestir este uniforme”, finalizó González Falcón.

Tras su deceso, Santiago Rentas fue ascendido póstumamente al rango de coronel.

La vista preliminar del caso fue señalada para el 5 de mayo de 2026. Los cargos fueron presentados por los fiscales José Román, Alberto Flores y Yamilet Feliciano, bajo la supervisión de la fiscal de distrito Marjorie Gierbolini Gierbolini.