La Fiscalía federal no tendrá que detallar las armas que presuntamente el trapero Yovngchimi traficó de manera ilegal y que se le imputaron en el nuevo cargo de conspiración, según determinó la jueza federal María Antongiorgi Jordán.

La letrada explicó en una orden que emitió en la tarde del jueves que “el delito de conspirar para traficar armas de fuego no requiere que el Gobierno pruebe el número de armas de fuego en cuestión”.

Saam Zangeneh, abogado de Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, había insistido en varias mociones conocer la cantidad precisa de armas que la Fiscalía federal le imputa haber traficado de manera ilegal. Además, el joven tiene dos cargos por posesión de armas para disparar de manera automática.

Lo que la Fiscalía federal ha dicho es que el trapero “conspiró para traficar entre 25 y 99 armas de fuego”. No hay precisión sobre cuáles eran las armas, la cantidad y de qué tipo eran.

La jueza explicó que varios estatus federales no requieren el detalle preciso ni la magnitud del delito.

En una de las menciones, alude a que es suficiente con tener prueba que muestre una “causa razonable para creer” que estuvo en posesión de “un arma de fuego”.

En otra instancia, dijo que “el delito de posesión de una ametralladora tampoco requiere que el Gobierno pruebe más que el hecho de que el acusado poseyó al menos un arma de fuego”.

“Aunque el número de armas de fuego en cuestión sí afecta las determinaciones de sentencia, las guías de sentencia se enfocan en el rango de armas de fuego involucradas, no en el número específico”, añadió la jueza federal.

Pese a que Antongiorgi Jordán denegó el pedido de que se establecieran con precisión las armas involucradas en el delito de conspiración, sí concedió al trapero que la Fiscalía federal haga unas aclaraciones.

“El Gobierno deberá identificar dentro de 15 días las bases probatorias específicas de los delitos imputados, ya sea contrabando físico incautado, datos extraídos de dispositivos digitales o testimonio de testigos”, fue lo que reclamó.

La jueza también accedió a que el acusado reciba traducciones certificadas al español de toda la evidencia que el gobierno tenga la intención de usar en el juicio. Estas deberán ser entregadas en el mismo término de 15 días.

Yovngchimi fue arrestado el pasado 29 de diciembre en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

Documentos del expediente judicial del artista apuntan a que el trapero fue atrapado en una presunta ilegalidad por unos mensajes de textos extraídos del celular de otro cantante de música urbana, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. Estos extractos fueron corroborados en el celular del propio acusado, que fue confiscado el 16 de septiembre por la agencia Homeland Security Investigations (HSI, en inglés).

Ambos artistas urbanos formaban parte de un chat de WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “Vitu”, “Vitikin”, “Enano” y “La Cone”. Este último es el presunto manejador de CDobleta y se entregó a las autoridades federales en diciembre y fue acusado por un gran jurado federal junto a otros 15 alegados miembros de la ganga “La Familia”, cuyo grupo supuestamente operaba en los municipios de San Juan y Carolina. Se sospecha que el grupo es responsable por el asesinato del sargento Eliezer Ramos.

El juicio contra Yovngchimi todavía no tiene fecha. Este se encuentra en prisión en espera del proceso, luego de que se le denegara en tres ocasiones el derecho a libertad bajo fianza.