Los hermanos del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, acusados por haber obtenido sobre $2.3 millones de ayudas por alivio a los efectos del COVID-19 de manera fraudulenta, no se acogieron a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal, revela su expediente federal.

De inmediato, la jueza Camille L. Velez-Rive, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, fijó la fecha del inicio del juicio por jurado para el 3 de mayo.

Los hermanos del legislador novoprogresista acusados son Edgardo Navarro Suárez y Ricardo Luis Navarro Suárez. Se alega que estos, junto al contador público Román Valentín Montalvo, así como las empresas JCA Development, Inc., JCA Packaging Group, Inc., RVIP Group Corp. y JCA Industrial Supply Corp., emplearon un plan fraudulento para obtener ilegalmente fondos federales bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus” (Cares Act, en inglés). También, son acusados de sobornar un empleado bancario y por lavar dinero.

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El grupo fue acusado por un gran jurado el 27 de marzo de 2025 de 12 cargos. Estos son conspiración para cometer fraude electrónico, soborno y por sobornar al empleado del banco por ayudar a los acusados a llevar a cabo el esquema, lavado de dinero de fondos federales y lavado de dinero.

En una vista celebrada ayer, viernes, la fiscal Myriam Fernández González informó a la jueza que “las partes no han llegado a un acuerdo y solicitó que se fije una fecha para el juicio. El gobierno estima que el juicio durará dos semanas y presentará alrededor de 20 testigos”, dice el expediente judicial.

Uno de los abogados de defensa, Edgar Vega Pabón, sin embargo, estimó que el juicio duraría tres semanas y media.

Como preparativo al juicio, la jueza federal fijó el 5 de abril como el último día para presentar mociones y prueba.

Se especificó que el juicio iniciará con la selección del jurado, el 3 de mayo.

De ser hallados culpables durante un juicio, podrían enfrentar hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y soborno, hasta 20 por lavado de dinero de fondos federales y hasta 10 por lavado de dinero.