Las autoridades federales en Puerto Rico sentenciaron a un hombre a 18 meses de cárcel por participar en un esquema fraudulento relacionado con beneficios de la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) y ayudas económicas para negocios afectadas por la pandemia del COVID-19.

La jueza federal Silvia Carreño Coll impuso la sentencia contra Nomar J. Mimbs Machiavelo, quien además deberá pagar $219,159 en restitución, de los cuales $18,114 serán devueltos al Departamento del Trabajo por beneficios del PUA, y $201,045 al Departamento de Hacienda por el fraude vinculado al programa de subvenciones comerciales, según detalló la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.

Entre junio y julio de 2020, Mimbs Machiavelo solicitó en dos ocasiones beneficios del PUA utilizando números de Seguro Social falsos, logrando recibir pagos del seguro por desempleo a los que no tenía derecho.

La investigación también reveló que entre enero y mayo de 2021 conspiró con empleados de Hacienda para obtener acceso privilegiado a información confidencial del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

De acuerdo con la Fiscalía, Mimbs Machiavelo entregó dinero y comidas gratis a empleados públicos a cambio de acceso a datos en SURI, que luego utilizó para someter solicitudes fraudulentas al programa Business Interruption Grant, destinado a pequeños negocios afectados por la pandemia.

Como resultado del esquema, Hacienda desembolsó unos $492,045 en cuentas bancarias vinculadas a solicitudes fraudulentas. De ese total, aproximadamente $148,000 son directamente atribuibles a información privilegiada comprometida por empleados de Hacienda, quienes modificaron credenciales de autenticación del sistema SURI de contribuyentes para beneficio de Mimbs Machiavelo.

El convicto fue arrestado en mayo de 2023 durante un operativo en el que también fueron detenidas otras cinco personas en Ponce.

Mimbs Machiavelo se declaró culpable por conspiración para defraudar a Estados Unidos y robo de propiedad gubernamental en abril de 2025.

El caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Seguro Social, con apoyo del FBI, el Departamento del Trabajo federal, el Servicio de Inspección Postal y la Policía de Puerto Rico. La fiscal especial auxiliar federal Vanessa D. Bonano Rodríguez, de la Administración del Seguro Social, estuvo a cargo del procesamiento del caso bajo la supervisión de la División de Fraude Financiero y Corrupción Pública.

El PUA era una ayuda federal que se solicitaba a través del Departamento del Trabajo para personas que no eran elegibles para recibir compensación por desempleo regular debido a situaciones relacionadas con la pandemia, mientras que el Business Interruption Grant era un programa de ayudas federales destinado a apoyar económicamente a pequeños negocios afectados por el COVID-19.