Juez desestima demanda de empresa que buscaba que Salud aceptara 51,000 pruebas de coronavirus
A un costo de $36 la unidad, a pesar de que no se cumplió con la fecha de entrega establecida en el contrato.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 5 años.
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El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó este martes la demanda que la empresa 313 LLC le radicó al Departamento de Salud para exigirle que aceptara 51,000 pruebas de coronavirus a $36 cada una, como se estableció en un contrato, aun cuando no se cumplió con los días que se le requirió para hacer la entrega de las mismas.
En un dictamen de siete páginas, determinó desestimar “la demanda de sentencia declaratoria y solicitud de injunction preliminar, presentado por 313 LLC., por falta de un daño irreparable al existir remedios ordinarios para la resolución de la controversia”.
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El juez explicó que la empresa no estableció que haya sufrido ningún daño en el proceso que ha iniciado Salud para intentar renegociar el precio de las pruebas tras haberse incumplido con parte del contrato.
“Los asuntos traídos en esta demanda son controversias que surgen de acuerdos entre 313 y el gobierno de Puerto Rico como parte de un contrato de compraventa. Estas son controversias que se deben resolver en el proceso ordinario, y no mediante la presentación de un recurso extraordinario. Nos parece claro que existe otro remedio al cual los demandantes tienen acceso. En adición, lo solicitado por los demandantes como remedio preliminar constituiría una resolución final de la controversia. O sea, el obligar al Departamento de Salud a recibir las pruebas de manera preliminar le daría fin a la controversia que reclama 313 que existe entre las partes. 313 no puede aprovecharse del mecanismo interdictal para evitar la posible renegociación de un contrato. Para eso no existen los remedios en equidad. No perdamos de perspectiva que, al final y a la postre, de lo que estamos hablando es de fondos públicos, dicho de otro modo, el dinero del pueblo”, afirmó Cuevas Ramos.
Salud le compró a 313 LLC, en un contrato firmado por la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, 100,000 pruebas rápidas para detectar coronavirus. El acuerdo se firmó el 24 de marzo y la empresa tenía entre siete a diez días para entregarlas.
Salud aceptó las primeras 49,000 pruebas, las cuales se entregaron a destiempo. Ahora, la empresa desea que acepte las otras 51,000 pruebas al precio acordado, $36 cada unidad.
La disputa llegó a los tribunales el pasado viernes en la noche, cuando la empresa radicó la demanda.