El inicio del juicio en su fondo contra Anthonieska Avilés Cabrera se aplazó para el 15 de septiembre, según lo determinó este lunes el juez Juan A. Reyes Colón durante una vista sobre el estado de los procedimientos, confirmó la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

El inicio del juicio estaba pautado para el 10 de septiembre, el mismo día en el que será sentenciada su progenitora, Elvia Cabrera Rivera, a quien el 23 de julio un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres halló culpable por el asesinato a puñaladas de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, el 11 de agosto de 2025 en Aibonito.

En su caso, el Ministerio Público planteó que le facilitó un arma punzante a su hija para que presuntamente cometiera los hechos.

El día antes se reunirán las partes para marcar la evidencia que será utilizada durante el proceso judicial.

Durante la vista de hoy, el juez también expresó que es tardía la moción radicada por la defensa de Avilés Cabrera, para suprimir como evidencia las fotos tomadas el día del crimen a la acusada, quien para la fecha de los hechos tenía 17 años. Sin embargo, le concedió cinco días a la Fiscalía para que la conteste.

Las fotos fueron presentadas como evidencia en el juicio contra su madre.

La moción fue radicada el viernes 27 de agosto, al amparo de la Constitución Federal, la Constitución de Puerto Rico y la Regla 234 de Procedimiento Criminal (que permite a una persona afectada reclamar sus derechos constitucionales solicitando que se excluya prueba material o testifical antes de que comience el juicio).

Las licenciadas de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Rocío Revelles Ponce, María Soledad Sáez Matos y Athelyn Jiménez Emmanuelli, cuestionaron la legalidad de la obtención de las fotos de la menor, entre ellas de unas cortaduras en una mano, sin estar acompañada de un adulto, en este caso su progenitora, quien ostentaba su custodia, pero no se le permitió ir, ni tampoco se llamó o citó al padre.

Recalcaron que la joven tiene limitaciones intelectuales y un funcionamiento cognitivo de una niña de 11 años.

En la citación entregada por el agente Ángel Torres Romero no figura la firma de su madre, según se observó en el recurso radicado, por lo que entienden que no es un documento válido.

13 Fotos

“Ante el hecho de que los agentes no esperaron a localizar al padre ni procuraron la presencia de la madre, de un custodio legal, de un abogado o defensor judicial antes de solicitarle a la menor una renuncia a sus derechos constitucionales, se obtuvo de ésta un alegado consentimiento, a todas luces ilegal, para el registro que posteriormente se practicó”, argumentó la defensa.

Se citó el Artículo 11 de la Ley de Menores para advertir que no permite la renuncia del menor a cualquier derecho constitucional que le cobije si no están presentes sus padres o encargados y su abogado y sin una determinación de un juez de que la menor conoce las consecuencias de este acto.

El único familiar que le acompañó fue una tía que permaneció afuera de la oficina.

“La obediencia de esta menor antes las instrucciones de los agentes no pueden equipararse a una renuncia libre, inteligente, consciente y voluntaria a sus derechos constitucionales. Siendo así procede la supresión de la fotografía por ser la misma, en este caso, producto de un registro sin orden, en violación a las disposiciones de la Constitución”.

De otra parte, la defensa radicó el viernes pasado una Petición de Certiorari al Tribunal de Apelaciones en la que solicita la revisión de la Resolución de Notificación del 20 de agosto, en la cual el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar a una petición para la recusación motivada y perentoria de cuatro candidatos a jurado que presuntamente expresaron su parcialidad con el caso.

En esta solicitud de revocación se alude a solo dos miembros del jurado juramentados, entre ellos un hombre que es el único sustento de su familia y se apresuraría a tomar una decisión. Además, considera que el jurado tiene que aportar a terminar con la delincuencia.

La otra es una mujer de 54 años que cuando era adolescente su padre fue asesinado y que alegó que no deseaba estar en el tribunal porque se sentiría afectada por el proceso.

En otros asuntos, el Ministerio Público radicó una moción para incluir 11 testigos de refutación.