Con un veredicto unánime y contundente, el jurado falló a favor de la abogada Inés María Jelú Iravedra, en el caso que llevó en el tribunal federal por hostigamiento sexual y laboral contra el Municipio de Guaynabo y Héctor “El Cano” O’Neill Rosa, hijo del exalcalde Héctor O’Neill. 

“Espero que esto sea un ejemplo para las mujeres que están sufriendo en estos momentos este tipo de situaciones. Que pueden tener justicia”, afirmó Jelú luego de escuchar el veredicto, agregando sentirse “muy, muy agradecida”.

Luego de unas ocho horas de deliberaciones, el jurado, conformado por cinco hombres y tres mujeres, en su mayoría jóvenes, respondió ante el juez federal Raúl Arias Marxuach unánimemente en favor de la demandante todas las preguntas de la lista que tenían ante sí para emitir un veredicto. Determinaron que O’Neill Rosa sí había hostigado sexualmente a Jelú; que dicho hostigamiento creó un ambiente laboral hostil para Jelú; que el municipio sabía o debía saber que existía ese ambiente laboral hostil; que el municipio, a través de supervisores o personas con autoridad para recibir, atender, reportar y actuar sobre la queja de hostigamiento sexual no actuó de manera adecuada para remediar la situación y eliminar el ambiente laboral hostil.

Asimismo, los miembros del jurado determinaron que Jelú sufrió daños por el ambiente laboral hostil al que era sometida; que el municipio tomó represalias contra Jelú; que Jelú sufrió daños por el hostigamiento consecuente de esas represalias; y que el municipio terminó despidiéndola porque le impuso unas condiciones laborales tan intolerables que cualquier persona razonable en su situación habría considerado suficientes como para dejar ese trabajo.

Por último, el jurado consideró que Jelú sufrió daños por ese despido; y que Jelú debía ser compensada por los daños, el dolor y las angustias mentales que sufrió. La cifra de dicha compensación fue fijada por el jurado en $1,011,593.

No obstante, el municipio de Guaynabo terminaría pagando alrededor de $2 millones, una vez se sumen otras partidas y los honorarios de los abogados de la demandante.

“En todo, en todo, fallaron unánime y en favor de nosotros”, agregó Jelú, quien extendió un agradecimiento a Dios, sus abogados y el jurado.

“Espero que de ahora en adelante tengan una política diferente a la que había anteriormente”, agregó la abogada, aludiendo al municipio de Guaynabo. “Qué sea una política con justicia, de igualdad de género, de respeto a las mujeres y todas las personas débiles. Que no haya abuso de poder”.

“Inés (Jelú) ganó en el 2015, el día que ella decidió defenderse y darse a respetar, y parársele de frente al abusador. Ya ese día ella ganó”, afirmó el abogado Pedro Vázquez. “Esta es la culminación de un proceso donde vimos el poder político estar aquí, asomando su cabeza oscura, donde mucha gente aquí colaboraron para permitir que eso estuviese en perpetuidad por mucho tiempo, y ella fue la que lo desarticuló”, dijo Vázquez.

Según explicaron los defensores de la abogada, la batalla legal que terminó este lunes comenzó en el 2015, con un proceso administrativo. Por el camino, indicó Jelú, fue objeto de todo tipo de presiones, así como de intentos de desprestigiarla, incluso por parte de “gente con muchísimo poder político, senadores como Miguel Romero que me cayeron encima, el alcalde (Héctor O’Neill), los bufetes de abogados que les pagaron muchísimo dinero para sobrelitigar el caso”. Todo eso, además, ocurrió al tiempo que se quedó sin trabajo y sin dinero.

En consecuencia, explicaron los defensores, Jelú terminó padeciendo “una condición de depresión mayor, ocasionada por el hostigamiento sexual y laboral, que eso es un daño permanente”.

“Creo que fue una suma razonable. Estamos muy contentos con la suma que otorgó el jurado. Creo que el pueblo está cansado del abuso de poder, y está mandando un mensaje al municipio de Guaynabo y a todos los municipios. El jurado es el pueblo, y el pueblo está hablando, y está cansado del abuso de poder y quiere cambios”, afirmó el abogado Vázquez.

Por su parte, el abogado del municipio, Claudio Aliff Ortiz, se limitó a decir que “esta es la expresión del jurado y obviamente hay que acatarla en la etapa procesar que está”, pero anticipó que “existen otras etapas procesales que las vamos a agotar. Hay mecanismos que tenemos que agotar antes de la apelación”. Agregó que aun no habían conversado con su cliente para decidir qué acciones tomaría ante el fallo adverso.

Sin embargo, los abogados defensores explicaron que consideraban muy difícil que se fuera a revertir la decisión del jurado.

“El fue bien cuidadoso con las determinaciones de admisibilidad de evidencias. Las opiniones que escribió eran unos artículos eruditos. Se lo envié a unos cuantos compañeros y todos decían, ‘eso no hay manera de apelar eso’”, comentó Vázquez.

“Esto es un caso de credibilidad. Y cuando son casos de credibilidad son cuestiones de hecho para el jurado, donde no hay margen para apelar”, agregó el también abogado defensor José Quetglas.

“Es bueno que sepan toda esa gente en posiciones de poder ahora mismo, que no pueden abusar de sus subalternos, que hay justicia”, insistió Jelú. “

Durante el proceso, acotaron Jelú y los abogados, que el actual alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, reconoció lo que había pasado y se mostró “razonable” e intentó de buscar un acuerdo, pero la legislatura municipal no lo aprobó. Ahora, sin embargo, el municipio acabará pagando más de tres veces de lo que se pudo haber acordado entonces, que era una cifra de $600,000.