El jurado de siete mujeres y cinco hombres se retiró a deliberar hoy sobre los dos cargos que pesan contra el productor artístico Raphy Pina Nieves.

El juez Francisco Besosa impartió las instrucciones al jurado, mientras que la fiscalía federal y los abogados de la defensa presentaron sus respectivos argumentos finales, apoyados en la evidencia presentada en la sala 2 del Tribunal Federal en Hato Rey durante seis días.

Pina Nieves enfrenta dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor. Por cada cargo se expone a un máximo de diez años de prisión.

El Ministerio Público presentó 19 testigos de cargo, así como 159 piezas de evidencia que incluyeron prueba documental y los audios de grabaciones de llamadas telefónicas de Pina Nueves que interceptó el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglés).

También presentaron llamadas interceptadas en un teléfono usado por Joed Romero Soler, quien es empleado de la gasolinera Rogelio’s Ice Plant en Caguas, propiedad de Pina Nieves.

Entre los documentos que el jurado repasará figuran estados de cuenta, escrituras de hipotecas, hojas de contribuciones del Departamento de Hacienda, del CRIM y bancos con los que la fiscalía pretendió demostrar que la casa allanada el 1 de abril de 2020 estaba bajo el “control” de Pina Nieves al momento en que se ocuparon las armas de fuego.

Por su parte, la defensa presentó dos testigos, aunque el juez Besosa eliminó uno que hablaba del apartamento que el acusado alquiló en Miami. También usó piezas de evidencia de la misma fiscalía para tratar de demostrar que Pina Nieves no estaba viviendo en la casa de la urbanización Caguas Real donde las autoridades federales ocuparon dos armas de fuego por las que acusaron al productor de música urbana.

Además, enfatizó en que documentos hipotecarios demuestran que otra persona, Omar Vázquez Rodríguez, se hizo cargo de la cuenta, por lo que planteó que otras personas tendrían acceso a la vivienda, mientras que Pina Nieves vive en Gurabo y en Florida.

Asimismo, usó pagos del servicio de energía eléctrica para demostrar que no había nadie viviendo en la casa meses antes del allanamiento.

Ayer, en el último día del desfile de prueba, la defensa interrogó a empleada de la compañía que instaló las alarmas en la casa y bóveda donde estaban las armas. La testigo validó documentos que demostraban que más de una persona tenía acceso, con la que la defensa intentaba sembrar la duda sobre quién pudo haber colocado las armas en ese lugar.

El jurado tendrá que determinar si Pina Nieves tenía “posesión constructiva” de las armas que fueron encontradas en la residencia.

Posesión constructiva se refiere a que el acusado no tenía las armas físicamente, pero que estaban en un lugar propiedad del acusado y que él tenía el control y la intención de utilizarlas.

La fiscalía federal ha argumentado que la llamada en la que se le oye a Pina Nieves hablar de las armas demuestra el conocimiento de que las armas estaban en su propiedad.

Mientras, la defensa sostiene que no presentó prueba que vincule directamente a su cliente con las armas ni que evidencie de que las armas mencionadas en la llamada son las que en efecto se encontraron en la casa, aunque coincida en que se trata de “pistolas”.