El Departamento de Justicia federal pidió al Tribunal federal, en San Juan, una orden de protección para evitar revelar detalles incluidas en el descubrimiento de prueba del caso de corrupción contra Wanda Vázquez, Mark Rossini y Julio Herrera.

“El gobierno solicita respetuosamente que se emita una orden de protección que rija el uso que se puede hacer de todo el material de descubrimiento que el gobierno proporciona a los acusados en este caso”, reza el documento.

Según la moción presentada ante el juez Raúl Arias Marxuach, el material del Ministerio Público “excede las obligaciones de descubrimiento del gobierno”, pues “consiste en información de identificación personal (”PII”) o información confidencial sobre testigos, que incluye: identificadores personales, direcciones, números de teléfono e información financiera privada”.

“Además, el material contiene información confidencial desarrollada por las fuerzas del orden público y el gran jurado, incluido material de testigos que cooperaron con la investigación del Gobierno y relacionado con ellos”, lee.

En el documento, la fiscal Érica Waymack también aclaró que la intención del gobierno no es retrasar, negar o restringir la divulgación de información a la defensa, más bien “facilitar el descubrimiento, mientras protege contra la divulgación o el uso indebido de cierta información confidencial”.

“Dado el alcance de la PII y el riesgo de exponer públicamente las identidades de los testigos cooperantes, y para facilitar el descubrimiento entre las partes, una orden de protección garantizará que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones de descubrimiento sin infringir su deber de salvaguardar información personal o de otra manera sensible”, al citar la petición hecha la semana pasada de una orden de mordaza propuesta por el juez mismo juez federal por la gran atención mediática que han cobrado los casos judiciales.

De acuerdo a la moción, la defensa de Vázquez Garced y Rossini no se opusieron a la petición.

Un gran jurado federal acusó al trío por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico y, si son condenados por todos los cargos, cada uno podría enfrentar una pena total máxima de hasta 20 años de prisión.