La organización Kilómetro Cero, lanzó hoy una página en la que documenta a las personas que se alega han muerto en los años 2019 y 2020 por el uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico.

En un parte de prensa, la organización anunció su página con el título Cúentame, con un diseño renovado para encontrar y estudiar mejor cada caso.

Según la organización, el Negociado de la Policía de Puerto Rico "mató el año pasado (2019), al menos a once ciudadanos. Este año ya son tres. Esto no incluye los casos de uso de fuerza mortal de policías municipales, federales ni oficiales de Corrección”.

“La Policía tiene que estar adiestrada para intervenir con personas en conflictos, sin matarlas como mataron a Hernán Monroig Barreto el día de Navidad, como mataron a Francisco Marrero Noa en un bar en Bayamón, a pesar de que ninguno portaba arma de fuego. Tiene que estar adiestrada para intervenir con personas que atraviesan crisis emocionales sin matarlas como mataron a Anthony Maldonado Avilés en Jayuya. Tiene que estar adiestrada para intervenir con jóvenes sin matarlos, como mataron a Carlos Javier Betancourt, de 21 años, porque ‘pensaron’ que estaba armado aunque no lo estaba. Los once casos de 2019, así como tres de 2020 están reseñados en nuestra sección ‘Cuéntame’, donde incluimos los relatos y perfiles de estas víctimas fatales del Estado”, denunciaron.

El escrito suscrito por la directora ejecutiva, María Mari-Narváez, reclama que existen políticas de uso de fuerza con las que todo policía está obligado a cumplir. "Si no cumple rigurosamente con ella y con la Constitución, el Estado está obligado a radicarles cargos criminales. ¿Por qué eso casi nunca ocurre?", cuestionaron.

"En una situación de tensión, la Policía TIENE que utilizar estrategias NO violentas para apaciguar, NO escalar las situaciones y utilizar el arma de fuego ligeramente. La Policía solo puede utilizar fuerza letal si es estrictamente necesario para defender la vida de un ataque inminente. Está obligada a hacerlo de forma: razonable, proporcional y escalonada. Se ha probado que las políticas restrictivas de uso de fuerza son vitales para salvar vidas, incluso de policías", añadieron.

Además, la organización exigió al Gobierno que:

1. Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva e impropia de parte de agentes a cargo de la seguridad pública.

2. Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.

3. Mecanismos confiables y transparentes de rendición de cuentas, tanto a nivel interno en la Policía como externo.

4. Transparencia absoluta en la información.

5. Procesos independientes y rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico (por ejemplo, cuerpos independientes de investigación y supervisión como existen en cientos de países).