En el último día que tenía disponible para evitar ser enviada a prisión a cumplir una condena por la muerte del hermano del reguetonero Arcángel, Justin Santos Delanda, Mayra Enid Nevárez Torres acudió ante el Tribunal Supremo para abogar que se revoque la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones hace un mes.

En un documento de 25 páginas, los abogados de la convicta, Ramón Nevárez Andino y Ramón Nevárez Ortiz, alegan, entre otras cosas, que “la señora Nevárez Torres resultó convicta por hechos cometidos por negligencia (homicidio negligente), por lo que está disponible la restricción domiciliaria como pena alternativa a la reclusión”.

Por ello, buscan revertir la orden que tomó un panel del Tribunal de Apelaciones, compuesto por los jueces Gloria L. Lebrón Nieves, Nery E. Adames Soto y Beatriz M. Martínez Cordero. En la determinación, hecha pública el pasado 30 de abril, se estableció que “ordenamos modificar la Sentencia recurrida, a los únicos efectos de disponer que la pena a cumplirse por la señora Nevárez Torres sea la de reclusión”.

La decisión, tomada por una apelación que llevó el Departamento de Justicia, revocó la sentencia original dictada contra Nevárez Torres el pasado 30 de enero por la jueza Wanda Cruz, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La misma establecía que la convicta cumplirá su sentencia con 15 años bajo arresto domiciliario.

Nevárez Torres tenía hasta hoy, viernes, para tratar de revertir la decisión del Apelativo de enviarla a prisión por provocar un accidente de tránsito de carácter fatal en la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando conducía en contra del tránsito por el puente Teodoro Moscoso y bajo los efectos del alcohol. En este accidente, murió Santos Delanda, de 21 años. También resultó gravemente herido Keven Monserrate Gandía.

En su petición al Supremo, presentada como una “apelación” se reclama que el máximo foro determine que el Apelativo “abusó de su discreción” al revocar la sentencia bajo restricción domiciliaria.

Entre los argumentos que utilizaron los letrados para tratar de evitar que su cliente sea enviada a prisión están que el informe presentencia permitía una restricción domiciliaria, que la sentencia se encuentra dentro del ámbito de su discreción judicial de la jueza, que la pena impuesta es la que más adecuada para la rehabilitación social, que “la rehabilitación, y no la venganza, es y debe ser el fin de nuestro sistema de justicia penal” y que la imposición de la pena no puede quedar al arbitrio de las víctimas.

Este último punto lo destacaron los abogados, ya que el Apelativo subrayó que la sentencia a la convicta invisibilizaba a las víctimas.

“Los jueces estamos llamados a no permitir que se invisibilicen a las víctimas, pues, a fin de cuentas, son los padres de la persona a quien se le privó la vida quienes continuarán padeciendo cada día el sufrimiento inimaginable que supone la pérdida trágica de un hijo, sentimiento que persistirá aún finalizado el proceso criminal, y aunque al poco tiempo deje de resultar interesante el asunto para la prensa y el País. Será la persona gravemente lesionada quien, junto a sus familiares, de súbito, tendrán que enfrentar todas las dificultades que la pérdida de la salud acarrea. Sin duda, la rehabilitación del convicto resulta en valor esencial, que en modo alguno, minimizamos, pero partiría de una concepción equivocada del proceso criminal, y, más aún, de la justicia, que, solo procurando por esta, se termine desapareciendo a las víctimas y la justicia por la que claman”, dice la sentencia del Apelativo.

En este caso, la madre del reguetonero Arcángel, Carmen Rosa Santos, y el mismo reguetonero han sido vocales en asegurar que en este caso no se les ha hecho justicia.

Santos ha establecido que una pena en prisión no le quería la tristeza de haber perdido a su hijo, pero llevaría un mensaje al pueblo.

“Quiero que esto marque un precedente para que las personas tomen conciencia, de que no es el hecho de que no se tomen una cerveza. Son los resultados que eso puede tener”, estableció en entrevista con Primera Hora.

No obstante, los abogados de Nevárez Torres dicen en su escrito al Supremo que “mientras no existan alternativas de jurisprudencia terapéutica que propendan al alivio de la carga emocional que implica el procesamiento criminal, las mayoría de las víctimas van a continuar expresándose negativamente en cuanto a cualquier medida que perciban como un beneficio o privilegio para el convicto. Ello no implica que el Tribunal debe aplicar el derecho basado en los sentimientos de las víctimas o sus familiares. Tampoco implica que ellos tienen la última palabra en cuanto a la concesión de alternativas a la pena de reclusión”.

Este proceso judicial que ahora comienza en el Supremo evita que Nevárez Torres ingrese a prisión hasta que haya una determinación final y firme sobre si se debe cambiar o no su sentencia.

No hay una fecha determinada para que el Supremo tome una determinación sobre este caso.