La movida de rechazar al abogado que le asignó la corte para insistir en dos ocasiones, bajo defensa propia, que las autoridades federales no tenían jurisdicción en acusarlo por el asesinato de Keishla Rodríguez le ha costado al exboxeador Félix “El Diamante” Verdejo Sánchez un retraso en el proceso para apelar el veredicto de culpabilidad y la sentencia de dos cadenas perpetuas en prisión que debe cumplir por el mencionado crimen.

En esta semana, el nuevo abogado que le asignó la corte, Michael Raymond Hasse, solicitó al Primer Circuito de Apelaciones en Boston una extensión de tiempo de 60 días en el inicio de la presentación de alegatos a plantearse en la apelación y la vista oral.

Se suponía que la presentación de alegatos se hubiese realizado el pasado 9 de mayo. Pero, ante las controversias que tuvo con el abogado que le designó la corte, Ignacio Fernández de Lahongrais, por el modo en que se realizaría la apelación, quedó suspendida en lo que un nuevo abogado asumía la representación.

Aunque la corte designó a Hasse como el nuevo abogado del exboxeador el pasado 29 de abril, no fue hasta el 19 de mayo que el letrado notificó que se sumaba a su defensa. Mientras, ayer, martes, reclamó acceso a todo el expediente de Verdejo Sánchez para poder analizar lo acontecido en el juicio.

“Solicito respetuosamente acceso al expediente del demandado/apelante antes mencionado, a quien represento ante el Primer Circuito de Apelaciones, en particular a todos los documentos presentados en el expediente del caso, incluidos los designados como ‘Restringidos’, ‘Solo para las partes’, sellados o exparte en el expediente de este caso, para revisar el expediente completo en apelación”, dice la moción presentada.

De inmediato, la Fiscalía federal sometió un escrito para establecer que no se opone a que Hasse puede acceder al expediente del caso.

El expediente judicial no registra una contestación a la petición de tiempo para realizar la vista en el Apelativo. Sin embargo, el juez federal Pedro A. Delgado Hernández contestó este miércoles la petición de acceso a los documentos judiciales del exboxeador en el tribunal federal en la Isla. Determinó que “Hasse tendrá acceso a aquellos documentos a los que los abogados anteriores del señor Verdejo tuvieron acceso”.

Verdejo Sánchez fue sentenciado a dos cadenas perpetuas el pasado 3 de noviembre de 2023, tras ser encontrado culpable durante un juicio por jurado que culminó en julio de 2023.

Específicamente, el exboxeador fue declarado culpable por los delitos de secuestro que resultó en la muerte de una persona y por la muerte de una criatura por nacer. El jurado no se puso de acuerdo en los delitos de “carjacking” que resultó en la muerte de una persona y utilizar de un arma de fuego para cometer un delito.

Se le imputó a Verdejo Sánchez asesinar a Rodríguez a finales de abril de 2021, con quien se alega llevaba una relación extramarital. La joven estaba embarazada, pero durante el juicio federal nunca se confirmó que fuese el padre de la criatura por nacer.

El 6 de noviembre de 2023 los abogados de Verdejo Sánchez, Jason González y Gabriela José Cintrón Colón, notificaron oficialmente a la corte que apelarían el veredicto y la sentencia en el caso. Para el caso en apelación, la corte designó a Fernández de Lahongrais, quien hoy en día es parte de la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez en su caso por corrupción gubernamental.

La petición de apelación se vio detenida en septiembre de 2024, cuando los abogados González y Cintrón Colón reclamaron ante el Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, un nuevo juicio. Alegaron que encontraron nueva evidencia exculpatoria. Sin embargo, en diciembre de 2024 el juez federal Delgado Hernández denegó el nuevo juicio.

Esta decisión activó nuevamente la apelación. Pero, el exboxeador determinó tomar la defensa en sus manos y alegar la falta de jurisdicción de las autoridades federales sobre Puerto Rico.

“Durante el proceso judicial y en todo proceso de la sentencia, el que apela no tenía conocimiento de que este caso debía ser juzgado en las cortes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y este derecho constitucional fue violentado. Ahora que tiene conocimiento, reclama su derecho constitucional del debido proceso de ley”, aludían las mociones que presentó.

Entre los alegatos que esbozó, se destacaron que Puerto Rico no era un estado soberano y que en la Isla no aplicaban las leyes federales.

Su conclusión fue que “el Estado Libre Asociado de Puerto Rico dejó de ser un territorio de Estados Unidos desde 1952. Así que la única ley aplicable es la local”.

Las dos mociones que presentó fueron desestimadas por el Primer Circuito de Apelaciones, quien designó un nuevo abogado para realizar el proceso de apelación.