El movimiento para una interrupción de servicios de seguridad este fin de semana durante la celebración de “Halloween”, mediante el ausentismo de policías para exigir la implementación de la Ley 81 (retiro digno), continúa vigente luego de un intento del gobernador Pedro Pierluisi para ganar tiempo ofreciéndoles mediar con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), lo que implica una solución a largo plazo.

El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, reveló ayer que durante la reunión en la que también participó la secretaria de la Gobernación, Noelia García, junto a los líderes de los gremios, se propuso que mediante orden administrativa se permita trabajar hasta los 62 años a aquellos que se retiran próximamente, mientras se gestiona con la JSF que la implementación la primera fase la Ley 81 sea en beneficio de esos servidores públicos.

La medida se tomaría una vez Puerto Rico salga de la quiebra y se retire la JSF.

El organizador del movimiento que no está afiliado con ningún gremio, Gabriel Hernández Ramos, un policía retirado en el año 2014 con 20 años de servicio y quien organizó el movimiento desde New Jersey, indicó que no se llegó a ningún acuerdo porque el remedio anunciado lo que confirma es que el proceso podría tardar años.

“El gobernador lo que dijo fue que iba a hablar con la Junta, que iban a tener unas fechas posteriores para ayudar a los veteranos de la policía y lo que sigue diciendo es promesas, lo mismo que venimos escuchando desde el día uno que él se montó en el poder. Incluso, cuando se montó en el poder dijo más, que su prioridad era la Policía de Puerto Rico y el ejecutar el retiro digno para esos policías que están en la indigencia que nunca pudieron pagar el Seguro Social, el 25 de febrero, en la Semana de la Policía”, sostuvo Hernández Ramos, quien no acudió a la reunión, pero fue mantenido al tanto de los pormenores por los presidentes de algunos de los gremios.

A su vez, criticó el remedio ofrecido para que a los agentes que se van a retirar próximamente se les otorgue una dispensa para continuar trabajando más años mientras se busca una solución al problema del retiro, aun cuando hay una gran cantidad que podrían no estar aptos para ejercer sus funciones. “Eso es inhumano”, exclamó.

Hernández Ramos se cuestionó porqué el gobierno pudo conseguir en el mes de junio $720 millones para la contratación de Luma Energy, a cargo de la operación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, y no cumple con la promesa de campaña hecha a los policías pensionados.

Detalló que los agentes tienen derecho a utilizar los días acumulados en su Licencia por Enfermedad para agotarlos, según lo aconseja el propio gobierno, ya que hace años perdieron el beneficio de recibir el pago por el exceso y si se ausentan por tres días no tienen que presentar un certificado médico, por ende, en teoría no se trata de una acción ilegal. Lo mismo ocurrió entre finales del 2017 a enero del 2018, durante el llamado “Blue Flu”, cuando se reclamaba el pago de las horas extra trabajadas durante el paso de los huracanes Irma y María.

De hecho, ayer el gobernador anunció que se les permitirá disfrutar de los días en exceso acumulados en su Licencia por Enfermedad que vence el 31 de diciembre de este año, hasta junio del 2022, darles un plan médico a los retirados mediante la Reforma de Salud y organizar una feria de servicios con propuestas federales de ayudas económicas para aliviar su precaria situación.

“Aquí Gabriel Hernández no está haciendo nada ilegal, la Policía está ejecutando una acción este fin de semana que ellos tienen derecho en hacerlo... Yo no les estoy poniendo una pistola en la cabeza. La Policía libre y voluntariamente cansados de la injusticia ellos van a tomar una acción este fin de semana, aquí no hay nada ilegal, ni se está promoviendo terrorismo, ni se están promoviendo actos ilegales, no se está promoviendo a que los policías cometan actos delictivos”, dijo.

Reiteró que no ha convocado a una huelga o a un paro, porque sabe que es un acto ilegal, según lo dispone la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, que en su sección 7.1 prohíbe este tipo de protestas y los cierres forzosos totales o temporeros.

“Eso de paro de salir a la calle, eso no es, la Policía lo que va a hacer, los que vayan a hacerlo, es que ellos no van a ir a trabajar”, aclaró Hernández Ramos.

La Ley 81 procura otorgarles a los policías, bomberos y oficiales de custodia una pensión vitalicia a aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad que tengan 30 años o más de servicio. Los miembros que cuenten con al menos 30 años de servicio y que hayan cumplido 55 años, podrán retirarse con hasta un 50% por ciento de su salario devengado a esa fecha.

López Figueroa, con 34 años de carrera y quien también está afectado por la situación, se reafirmó en que los planes de seguridad para este fin de semana y la época navideña continuarán en vigor sin afectarse la seguridad de la ciudadanía.

“Creo en la libertad de expresión y me he asegurado de que se proteja en todas las instancias en que esta no viole la ley ni afecte a terceros. Conozco de primera mano el compromiso que cada uno de mis policías tiene hacia el pueblo y por ello, confío en que podemos expresar nuestros reclamos sin que ello afecte la seguridad de nuestra gente”, comentó el comisionado horas antes de la reunión, que estaba pautada para este jueves y se adelantó.