El paro de policías programado para este viernes, sábado y domingo con el fin de exigirle al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que se cumpla con la Ley 81, que promueve un retiro digno para los miembros del sistema de rango del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), entre otros servidores públicos, continuó hoy tomando fuerzas.

La cercanía del fin de semana en el que Puerto Rico se podría quedar sin seguridad durante la celebración de “Halloween”, ha motivado a la convocatoria a una reunión durante la tarde de este jueves en La Fortaleza en busca de soluciones, confirmaron a este medio el presidente ejecutivo de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Jaime Morales, y el director ejecutivo de la Asociación de Seguridad, Policías y Ramas Anexas, Inc., Roberto Castro.

El movimiento para la paralización de labores en el NPPR ha sido liderado por Gabriel Hernández Ramos, un policía retirado en el año 2014 con 20 años de servicio, quien organizó desde New Jersey la primera protesta que se convocó frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal.

“¿Estamos en quiebra para algunas cosas, pero para otras no? La convocatoria tiene fecha y exhorto al pueblo a que no salga de su casa”, sostuvo Hernández Ramos, quien ha recibido confirmación hasta de pilotos del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, motivados para unirse al paro.

Advirtió que no se deben expulsar o tomar represalias contra los agentes que decidan unirse al paro porque el policía puede pasar tres días por Licencia de Enfermedad sin la necesidad de un certificado médico.

“Si yo tengo un alto funcionario tomando represalias contra ese agente la pregunta entonces es, ¿quién está en lo legal? ¿El Policía o el alto funcionario que está tomando represalias negativas ilegales contra el agente? El Policía está haciendo algo legal por eso que esta manifestación no es ilegal, ellos intentaron en el 2017 (para la época del ‘blue flu’) intervenir y la Policía dejó todo sin efecto, no pueden hacer nada. No hay forma de hacerle nada”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que antes del viernes se logre un acuerdo, respondió que suspendería el paro de labores mediante una publicación en sus redes sociales y nadie se reportaría ausente.

Por su parte, Morales sostuvo que en caso de que se inicien investigaciones administrativas contra aquellos policías u oficiales que se ausenten, les ofrecerán asistencia legal.

“Los miembros de la Policía han sufrido por el incumplimiento de la ley y de los acuerdos de retiro que se firmaron al momento de reclutarlos. Conocemos que es ilegal que todos los miembros de la policía decreten un paro, pero si es legal que estos puedan disfrutar sus días de licencia de enfermedad. Nos parece injusto que el gobierno reclame a la policía el cumplimiento de la ley, cuando el mismo gobierno no cumple con la ley que beneficia a estos mismos policías”, coincidió Morales de COPS.

Recordó que a los agentes se les privó también del pago de los días acumulados en exceso de su Licencia por Enfermedad y se les adeudan varios millones de dólares por labores realizadas durante los primeros tres meses de la pandemia del COVID-19.

Mientras, Castro aclaró que la intención de los policías no es que se afecte la seguridad del país sino reclamar que la JSF ejecute la ley que les concedería el retiro digno.

“Nosotros estamos en la mejor de dialogar, pero la única forma de dialogar en Fortaleza es manifestándonos y siempre que convocamos a una manifestación, pues siempre obtenemos la reacción de Fortaleza para llegar a unos acuerdos, porque no es nuestro interés que se afecte la seguridad del país, pero hay que recordar que la Policía de Puerto Rico son seres humanos y se les están violentando sus derechos”, observó Castro, quien resaltó la intervención del senador Gregorio Matías.

Los afectados directamente son alrededor de 2,000 agentes u oficiales activos que ingresaron en el año 1990 o antes, a quienes se les aplicó la Ley 447 del Sistema de Retiro de Empleados Públicos del Gobierno con una pensión de un 42% de su salario y los que fueron reclutados después de esa fecha, entre el 1991 al 1999, que quedaron bajo la Ley 1, que solo obtienen un 28% del sueldo base que devengaban para el 2013, cuando se cobraba un promedio de $1,800 a $1,900.

La Ley 81 procura otorgarles a los policías, bomberos, oficiales de custodia una pensión vitalicia a aquellos que tengan 30 años o más de servicio y hayan cumplido 55 años, para recibir hasta un 50% del salario devengado a esa fecha.

Como incentivo adicional, mientras se culmina el proceso de reclutamiento, se establece que aquellos miembros que permanezcan en servicio hasta los 58 años, tendrán derecho a recibir hasta un 55% del salario devengado al momento de su retiro. Además, se les garantiza una aportación de $100 mensuales para seguro médico, beneficio que mediante la Ley 3-2013 se les quitó.

No se afectará la seguridad

El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, afirmó que los planes de seguridad para este fin de semana y la época navideña continuarán en vigor sin afectarse por el propuesto cese de labores.

Decidió que no se cancelaron las licencias regulares ni el tiempo compensatorio, solo que adelantaron los días libres de los agentes hasta el viernes para poder realizar las labores de prevención e intervención en las 13 áreas policíacas.

“Vamos a estar trabajando un plan de trabajo dirigido al 31 de octubre como se hace todos los años. Ninguno de nuestros policías va a poner en riesgo la seguridad de nuestra ciudadanía. Eso es nuestro deber, nuestro juramento, ellos van a cumplir con eso, van a asistir a sus turnos de trabajo van a hacer el trabajo que corresponde”, aseguró López Figueroa.

El funcionario, quien es un coronel del NPPR con 34 años de carrera, también es uno de los afectados porque no se ha puesto en vigor la Ley 81, reiterando su compromiso a abogar por ellos como lo hizo ante el gobernador Pedro Pierluisi el día en que lo llamó para nombrarlo en su posición.

“Relacionado a los reclamos de cada uno de mis policías, ese es mi reclamo también y estamos junto a nuestro gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que la Junta de Control Fiscal pueda poner en vigencia la Ley 81 que es la que nos concierne a todos nosotros”, apuntó López Figueroa.

El comisionado dijo que está confiado en que los policías logren expresar sus reclamos sin que se afecte la seguridad y no quiso adelantarse a la posibilidad de tomar medidas administrativas contra aquellos que se ausenten a sus turnos.

“Yo los respaldo en todos sus reclamos y respaldo que ejerzan su trabajo y el compromiso que tienen con el pueblo de puerto rico que no van a claudicar en ello”, finalizó.