El abogado Juan Maldonado de Jesús, quien representó a la empresa Apex General Contractors en la compra fallida de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 al inicio de la pandemia en el 2020, fue sentenciado este viernes a cuatro años de probatoria.

La información la dio a conocer a Primera Hora el fiscal especial independiente (FEI), Ramón Mendoza Rosario, tras culminarse la vista de sentencia ante la jueza superior Nerisvel C. Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan.

“Se impuso 4 años de probatoria concurrente. Fueron cuatro años en relación a la tentativa de fraude, tres años por falsificación de documentos y seis meses por delito de impostura, todo eso concurrente para cuatro años en probatoria, más el pago de $10,000 a favor del Panel sobre el FEI relacionado a los gastos de la oficina”, detalló el fiscal.

Cabe destacar que esa fue la pena recomendada por el FEI, tras alcanzar el acuerdo de culpabilidad.

Con esta sentencia, el caso de corrupción que se detectó durante el inicio de la pandemia del COVID-19 llegó a su fin. Esto se debe a que el otro acusado, Aaron Vick, quien también representó a la empresa de construcción durante la transacción con el gobierno, cooperó con las autoridades para encauzar a Maldonado de Jesús y su caso fue desestimado una vez el abogado se declaró culpable, reveló Mendoza Rosario.

Al concluirse con éxito este procesamiento, el FEI estipuló que “este caso demuestra por qué tiene que existir la oficina del FEI. El caso fue investigado por el Departamento de Justicia. Específicamente, la gobernadora era Wanda Vázquez Garced y lo que bajó de la investigación de Justicia era liberando a estas personas. El FEI toma esta investigación y determina que era insostenible permitir que se sometiera información falsa con el gobierno para obtener un contrato con el mismo, y eso demuestra la importancia de tener una oficina independiente para que se haga cumplir la ley”.

Fue el 26 de marzo de 2020 que se le adjudicó el contrato de $38 millones a la empresa constructora Apex para adquirir pruebas rápidas de COVID-19. Ese contrato fue cancelado, luego de que un banco detuviera la millonaria transacción y los detalles de la irregular compra salieran a la luz pública.

Según trascendió, en un proceso expedito, el gobierno pretendió comprar a sobreprecio a la empresa de construcción un millón de pruebas serológicas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos.

En esta pesquisa, realizada por el FEI y el Departamento de Justicia, fueron implicados la exgobernadora Vázquez Garced, así como Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al task force médico del coronavirus, y el general José Burgos, quien fue comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias. Ninguno de estos exfuncionarios fue acusado.

Con Maldonado de Jesús se alcanzó un acuerdo de culpabilidad. El mismo fue anunciado el pasado 12 de diciembre.

Como parte del acuerdo, el abogado se libró del cargo por intervención indebida en operaciones y contratos gubernamentales, que fue reclasificado a delito de impostura y se archivaron cargos adicionales por falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados.

El Tribunal Supremo desaforó al abogado en enero del 2022, en medio de la controversia generada a raíz de la pandemia del COVID-19.