La información provista por la Policía de que en la zona donde fueron encontradas asesinadas dos mujeres que habían salido a caminar viven 24 ofensores sexuales registrados provocó reacciones de espanto en personas que conocieron este dato y sugirieron, entre otras cosas, que las casas donde residen agresores sexuales sean identificadas con un cartel para advertirle a los vecinos.

Aunque existe en algunos estados, colocar un rótulo en casas donde hay un pedófilo, por ejemplo, coloca en peligro al convicto que, independientemente del delito, también tiene que ser protegido por el Estado.

“Mira lo peligroso es que uno piensa en el ofensor sexual como una persona que ha violado, pero en Puerto Rico estos muchachos que arrestan en operativos de trabajadores sexuales, si se le imputa un delito de proposición obscena, aparecería en el registro”, explicó el abogado Osvaldo Burgos, quien también puso como ejemplo a los jóvenes que se desnudaron en San Juan para un performance.  “El estatuto es vago, pero la Fiscalía podría pedir que esa gente entre en esa lista”, indicó.

En el caso de la comunidad Miraflores del sector Villisla de Arecibo, identificar las residencias de los 24 ofensores sexuales podría causar una reacción violenta.  “Imagínate que la comunidad esté furiosa y que ataquen las 24 casas. Es altamente peligroso, y más cuando tenemos un país que no toma las medidas cautelares para tener todas las precauciones. La dignidad de las personas, independientemente de los delitos, el Estado tiene que respetarla”, reiteró.

El defensor de los derechos humanos reconoció lo “antipático” que es saber que un agresor sexual está en libertad, pero “el Estado tiene que hacer un balance”.  “Yo creo que tienes derecho a conocer cuáles son las circunstancias del lugar a donde te vas a vivir y tener el registro es lo menos oneroso”, señaló.

El Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abusos Contra Menores es una herramienta disponible gracias a una legislación federal y puede ser consultada en cualquier momento. Claro, es necesario que el ciudadano sepa que existe y debe tener conocimiento mínimo de Internet. “Si se va a mudar a alguna residencia puede hacer un análisis de cómo está el vecindario en términos de ofensores sexuales. El Estado tiene que mantener actualizado su registro y esa información debe estar fácilmente accesible”, expuso.