En Puerto Rico, no han ocurrido muertes por el uso del dispositivo de control eléctrico no letal, afirmó este lunes el capitán Jaime Cosme Oliver, director de la División de Investigación de Uso de Fuerza de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP).

La aseveración, un tanto tardía, surgió durante una conferencia de prensa junto al superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, en la que reaccionaron a la muerte de un hombre que, presuntamente, enfrentaba una crisis de salud mental en la madrugada del pasado 5 de octubre mientras se encontraba en los predios de la comandancia de área de Fajardo y que falleció después de recibir varias descargas con ese dispositivo.

La investigación no ha concluido y por tal razón no fueron específicos en torno a la cantidad de descargas y otros detalles. No obstante, aclararon que los policías no llevaban puestas cámaras corporales, así que el incidente no fue captado en audio y vídeo. En su lugar, analizan el contenido de las cámaras de seguridad.

“Al día de hoy, no tenemos una muerte a causa del ‘taser’. Yo llevo en esto de uso de fuerza desde el 2012 y no hemos visto una muerte relacionada al ‘taser”. ¿Que se utilizó el ‘taser’ con la persona intervenida y a consecuencia de otra situación falleció?, eso está en manos del Instituto de Ciencias Forenses que son los obligados a emitir los informes (autopsia)”, subrayó el capitán Cosme Oliver.

Si se determina que la manera en que se utilizó el dispositivo fue incorrecta, de inmediato se hace un señalamiento administrativo, que puede ir desde una investigación interna hasta un readiestramiento en aspectos operacionales en el que el policía incumplió, añadió el capitán.

El caso que se discutió es el de Giovanni Robles García, de 31 años, quien falleció en el hospital Caribbean Medical Center, mientras se encontraba bajo custodia de la policía del área de Fajardo, luego de protagonizar un altercado frente a las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), según se desprende del informe de novedades.

El incidente ocurrió alrededor de la medianoche cuando Robles, desorientado y gritando, se lanzó de espaldas desde la baranda o pasamanos del puente peatonal, cayendo al pavimento y sufriendo una herida abierta en la cabeza.

Al llegar los paramédicos, se alega que se tornó agresivo. En ese momento, recibió la primera descarga. Luego golpeó a los policías con las manos y pies, mordiendo a uno de ellos y se armó de dos piedras. Dos descargas más le fueron aplicadas por otro agente hasta que, finalmente, lo arrestaron.

Los informes del incidente indican que el hombre se encontraba en “resistencia activa”.

Se recordó que las descargas simultáneas las prohíbe el reglamento y los agentes anualmente reciben este tipo de adiestramiento.

“Solamente, tengo una sola muerte donde se ha utilizado el ‘taser’ y aun por respeto a los que están investigando, al Instituto de Ciencias Forenses, no tenemos la data de cuál es el resultado de la autopsia”, reaccionó el capitán.

El año 2024, hubo tres intervenciones con el dispositivo y no se reportaron muertes.

Sobre este particular la organización sin fines de lucro Kilómetro 0, se ha expresado en repetidas ocasiones que los policías no pueden seguir utilizando esta práctica peligrosa de manera recurrente para controlar a personas que enfrentan crisis emocionales, ya que no están entrenados y su intervención agrava el problema.

Otro asunto al que se reaccionó es el uso que se alega le han dado algunos policías a los vídeos de sus cámaras corporales, que constituyen evidencia, al momento de su publicación en las redes sociales.

En la actualidad, 2,300 policías tienen las cámaras corporales de la compañía Axon Enterprise, Inc. y ya se hizo la compra de unidades adicionales, cuya cantidad ni costo no fueron revelados, para equipar al resto de los agentes.

“Si alguien usa el teléfono para grabar, se refiere a SARP y se hace la investigación que le corresponde”, respondió escuetamente González Falcón, al tiempo que reafirmó que detrás de cada una de estas herramientas está el propósito de proteger y preservar la vida humana en respeto a los derechos civiles.

Por otro lado, el superintendente rechazó rumores sobre su renuncia al cargo para el mes de diciembre.