Luego que las autoridades federales en la Isla incautaran unos $27 millones en efectivo que estaban escondidos en un buque con destino a Saint Thomas, muchos se han preguntado qué pasará con esa enorme cantidad de dinero.

Sepa que no será destruido ni mucho menos repartido entre funcionarios.

Se trata de un “proceso bien serio, largo y formal”, según explicó a Primera Hora la fiscal federal Myriam Fernández.

“El primer paso es el seizure, que es que el gobierno toma el dinero para empezar los procedimientos necesarios que eventualmente puedan completar una confiscación, que entonces el dinero ya ahí le pertenece formalmente al gobierno de los Estados Unidos”, indicó.

A nivel federal existen tres mecanismos para completar una confiscación: civil judicial, criminal judicial y administrativo.

“En el caso de dinero, cuando se encuentra, puede empezar administrativo, que significa que se hace a nivel de agencia de ley y orden. La agencia de ley y orden, por estatuto y reglamento, va a tener la potestad de iniciar ese proceso” y tiene 60 días para “notificar a cualquier persona que pudiese tener interés en la propiedad que se va a confiscar”, detalló.

Dicha notificación se hace con la intención de avisar que el gobierno tiene la intención de retener el dinero. También abre una oportunidad para litigar por qué el dinero no debería ser confiscado o que sea devuelto, y el proceso podría tomar años.

Usualmente, la persona interesada tiene 30 días para responder.

Si no hay contestación, el dinero finalmente se confisca y va a “unos potes” que se controlan desde Washington, D.C., bajo la sección Money Laundering and Asset Recovery (Lavado de dinero y recobro de activo) del Departamento de Justicia federal.

“A veces el dinero se destina para apoyar el trabajo de los diferentes departamentos, programas y proyectos que hacen confiscación. Se pudiesen pagar plazas que apoyen el esfuerzo de la confiscación. Puede ser para casos donde la víctima no tiene otra forma de resarcir su pérdida del crimen”, ejemplificó Fernández.

“Hay un sinnúmero de safeguards (protecciones). La idea de esto es ser extremadamente transparente en la confiscación de estas cosas”, puntualizó la fiscal.